Tutela obligaría al alcalde electo de Uribia a prevaricar

Por una nueva acción judicial, el alcalde electo de Uribia en La Guajira, Bonifacio Henríquez, prende las alarmas y hace un llamado a todos los entes de control para que pongan la lupa en la rama judicial del departamento. Un fallo de incidente de desacato lo obligaría a prevaricar, dado que le exige a ir en contra de la ley para cumplir con una tutela, que pretende que la actual gerente del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro continúe indefinidamente en el cargo y él anule el nombramiento del nuevo gerente que hizo en cumplimiento de sus funciones como mandatario electo del municipio.

Henríquez asegura que se están dando fallos improcedentes que lo obligan a que la misma clase dirigente de años siga a la cabeza de las entidades del Estado, específicamente de esta institución de salud.

Ni el covid, que casi le cuesta la vida al actual alcalde electo, pudo desestabilizar el nuevo enfoque que le quiere dar a la administración de su municipio. Bonifacio Henríquez es un joven líder que se enfrentó a la tradicional clase política de la región, y la venció, lo que lo llevó a convertirse en el primer alcalde Wayúu de Uribia. Ahora se debe enfrentar a decisiones judiciales que buscarán frenar los cambios que el mandatario quiere implementar en su municipio.

El alcalde electo busca que se conozca esta situación que está poniendo en riesgo la atención de alrededor de 200.000 personas (la mayoría de la comunidad Wayúu) y los pagos al personal médico y administrativo. Los suministros podrían escasear porque la cuenta bancaria de la institución sigue siendo manejada por la antigua gerente.

Se trata de Melba Cortes Bolaños, quien se posesionó como enfermera jefe en el año 1994.  El 30 de enero de 2012 fue designada como directora y en el 2016 fue ratificada. Este segundo periodo debía terminar este año. Sin embargo, el juez promiscuo municipal de Maicao, Vladimir Ernesto Daza Hernández, Juez que tiene varias investigaciones por prevaricato, le concedió una tutela para que continuara, alegando que se trata de una mujer cabeza de hogar (hecho falso pues vive con su esposo e hijos) y que está a punto de pensionarse. Pero el juez fue más allá: determinó en la tutela que se le respete el derecho a optar por seguir como gerente hasta la edad de retiro forzoso, es decir hasta los 70 años.

Adicionalmente, la tutela ha debido ser interpuesta en Uribia y no en Maicao, por cuanto los jueces de esta municipalidad son los competentes para conocer de casos ocurridos dentro su jurisdicción.

Lo que tiene sorprendido al Alcalde electo y a buena parte de la comunidad es que la ley en este tipo de nombramientos es muy clara, como lo indica el artículo 20 de la ley 1797 de 2016: “Los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para períodos institucionales de cuatro (4) años, que empezarán con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde”. A pesar de esta claridad, antes de que el alcalde electo nombrara al actual director, Cortés Bolaños buscó, a través de este mecanismo jurídico, quedarse en este hospital, considerado un fortín en esta región (cuyo presupuesto anual es de 14.000 mil millones de pesos),   que había sido administrado por la misma clase política desde hace más de 20 años y que el actual alcalde derrotó. 

En Uribia, el 98 por ciento de la población pertenece al régimen subsidiado y es la comunidad más grande de indígenas de toda Colombia.  

La situación, derivada de todo este proceso, es que en la actualidad hay dos directores: la enfermera Melba Cortes Bolaños y el nombrado por el alcalde electo, el médico Alexander Quintana, quien no puede ejercer a cabalidad sus funciones. Entre tanto, la salud de los habitantes se podrá poner en riesgo aún más con la pandemia del Covid que en La Guajira llegará a su pico en cualquier momento.

Entre tanto, la más afectada es la comunidad wayúu, que podría ver sus derechos vulnerados por una actuación cuestionada de un juez. Por esto, se unen al Alcalde para pedir a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría y al Gobierno nacional que actúen en legalidad y entiendan que en La Guajira las decisiones judiciales no ofrecen garantías para la población y para un alcalde que lo único que busca, y prometió en campaña, es mejorar el nivel de vida de sus coterráneos.