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18 febrero, 2026¿Falló la Fiscalía en sustentar jurídicamente el principio de oportunidad?
El empresario Carlos Mattos, conocido por el escándalo de Hyundai y por varios procesos judiciales en Colombia, seguirá enfrentando un juicio penal por las salidas irregulares que realizó en 2022 desde la cárcel La Picota hacia sus oficinas en Bogotá. Una jueza negó el principio de oportunidad que la Fiscalía había propuesto, lo que significa que el caso no se cerrará mediante un acuerdo y continuará en los tribunales.
El principio de oportunidad es una figura jurídica que permite suspender o terminar un proceso penal si el acusado cumple ciertas condiciones, como reparar el daño causado o colaborar con la justicia. En este caso, la Fiscalía había planteado que Mattos entregara dos camionetas y una motocicleta, avaluadas en 360 millones de pesos, como forma de reparación. Sin embargo, la jueza consideró que esa propuesta no cumplía con los requisitos legales exigidos.
La togada explicó que la causal tres del principio de oportunidad exige reparar el daño colectivo y garantizar que la conducta ilegal no se repita. “Estima este juzgado que la afectación que se pudo presentar en este punto efectivamente tiene que ver con bienes colectivos. Sin embargo, la causal lleva un requerimiento de que haya una afectación mínima a esos bienes colectivos, y respecto a ese punto no escuchamos de la fiscal algo sobre ese punto”, señaló en audiencia.
Además, la jueza cuestionó la falta de pruebas claras sobre la conducta punible atribuida a Mattos. Indicó que la Fiscalía mencionó posibles delitos como peculado por uso y prevaricato por omisión, pero no presentó evidencias suficientes para sustentar esa acusación. “Es indispensable que la Fiscalía presente evidencias de la conducta punible de Mattos… Se trata de una falencia argumentativa por parte de la Fiscalía”, agregó.
Otro aspecto señalado fue la indemnización. La jueza afirmó que la reparación debe ser proporcional al daño causado y criticó que la Fiscalía hablara de un “daño reputacional”, lo cual no responde al derecho a la verdad que tienen las víctimas. En este caso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), considerado víctima, se mostró de acuerdo con la negociación, pero la jueza aclaró que esa postura no limita su facultad de hacer observaciones ni de ejercer control de legalidad.
Con esta decisión, el proceso penal contra Mattos sigue su curso sin posibilidad de cierre anticipado. El polémico empresario deberá responder por las acusaciones relacionadas con las salidas irregulares de prisión en 2022, un episodio que generó polémica porque se trataba de un detenido en un centro carcelario de alta seguridad que logró trasladarse hacia sus oficinas en varias ocasiones.
Juan Joya




