Exgobernador de Santander enfrenta cargos por peculado agravado: habría permitido apropiación de $416 millones

Este martes 17 de febrero, la Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un contrato para la compra y entrega de juguetes a niños de escasos recursos. El convenio fue suscrito en agosto de 2007 y tenía un valor superior a los “650 millones de pesos”. Según el ente acusador, el proceso presentó fallas desde su planeación hasta su ejecución.

De acuerdo con la investigación, durante la etapa previa al contrato se detectaron múltiples anomalías que no habrían sido advertidas por el entonces mandatario departamental. La Fiscalía sostiene que Aguilar Naranjo omitió su deber constitucional de “vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública”, lo que permitió que el proyecto avanzara sin los soportes técnicos necesarios ni una justificación clara de su alcance.

Entre las inconsistencias señaladas están la elaboración de “estudios previos incompletos” y la falta de un censo que permitiera identificar cuántos menores en condición de pobreza serían beneficiados y en qué municipios residían. Tampoco existía claridad sobre la necesidad real del proyecto, lo que, según el expediente, afectó la correcta toma de decisiones desde el inicio del proceso contractual.

El ente investigador también cuestionó el mecanismo de selección del contratista, ya que no se realizó licitación pública. En su lugar, se eligió de manera directa a una fundación que “no tenía la idoneidad ni capacidad” para cumplir con las actividades pactadas. Esta decisión, según la Fiscalía, limitó la transparencia y la competencia en el uso de los recursos públicos.

En la fase de ejecución, el contratista sólo entregó 36.000 de los 130.000 juguetes previstos inicialmente. Además, se aprobó un modificatorio que incrementó el valor unitario de cada juguete de “5.000 a 6.500 pesos”, lo que habría permitido que la fundación se apropiara de “416 millones de pesos”. Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

Dayineth Isabel Molina Velásquez