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La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia, abrió un nuevo debate sobre la atención en el sistema de salud colombiano. Durante el más reciente Consejo de Ministros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que el menor sufrió un accidente craneoencefálico mientras montaba bicicleta, y subrayó la necesidad de investigar a fondo las circunstancias en que no recibió oportunamente el medicamento requerido.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso y sostuvo que, además de establecer posibles responsabilidades individuales, el énfasis debe estar en la prevención y en la educación de las familias frente a enfermedades de alto riesgo como la hemofilia.
Accidente y restricciones en pacientes con hemofilia
En su intervención, Jaramillo explicó que, según la información preliminar, Kevin sufrió un trauma craneoencefálico tras un accidente en bicicleta. Señaló que los pacientes con hemofilia deben limitar actividades que puedan generar golpes fuertes o hemorragias severas, dada su condición médica.
El ministro indicó que el menor ingresó inicialmente a un hospital público en el Huila, donde permaneció hospitalizado entre el 7 y el 9 de enero. Posteriormente, fue trasladado en avioneta a Bogotá e ingresó al Hospital La Misericordia para continuar su atención especializada.
Asimismo, precisó que se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar con claridad qué ocurrió y establecer eventuales fallas en la cadena de atención.
Investigación por entrega del medicamento
Aunque el jefe de la cartera de Salud sostuvo que no existe una conclusión definitiva sobre negligencia, sí dejó claro que debe investigarse por qué el medicamento no fue suministrado a tiempo. Enfatizó que ninguna limitación financiera puede ser excusa, ya que —según explicó— los recursos para el régimen subsidiado y contributivo han sido girados de manera oportuna a las EPS.
El presidente Petro añadió que es necesario identificar posibles responsabilidades individuales si hubo fallas en la eficacia del sistema. Aseguró que el componente financiero no representa un obstáculo, pues existen fondos disponibles para cubrir estos tratamientos.
En esa línea, Jaramillo reiteró que ningún menor debería fallecer por falta de atención médica o por ausencia de medicamentos, y defendió que el actual Gobierno ha realizado la mayor inversión en salud de los últimos años, incluyendo mayores recursos destinados a las EPS.
Denuncia de la madre y cuestionamientos a la EPS
La madre del menor denunció públicamente presunta negligencia por parte de la Nueva EPS, asegurando que su hijo no recibió un tratamiento adecuado ni oportuno. Con visible afectación, relató que en reiteradas ocasiones le pidieron esperar mientras el niño permanecía sin el medicamento, hasta que acudió a los medios de comunicación en busca de ayuda.
El caso generó conmoción en Charalá, Santander, donde familiares y habitantes despidieron al menor tras su fallecimiento en un centro de salud de Pitalito, Huila, al que había sido remitido de urgencia.
Debate sobre recursos y atención pública
Durante el Consejo de Ministros del 16 de febrero, Jaramillo también señaló que las EPS no intervenidas estarían destinando cerca del 80 % de sus recursos a clínicas privadas, mientras que los hospitales públicos recibirían aproximadamente el 20 %, pese a que en estos últimos se atiende la mayor parte de los pacientes.
El funcionario insistió en que situaciones como esta no deben utilizarse para afirmar que el sistema de salud está siendo desmontado. Por el contrario, defendió que el Gobierno ha incrementado significativamente la inversión en el sector.
El fallecimiento de Kevin Acosta no solo ha generado dolor en su familia, sino que reabre la discusión sobre la prevención en enfermedades de alto riesgo, la oportunidad en la entrega de medicamentos y la responsabilidad de las EPS en la atención integral de los pacientes más vulnerables.
Humberto ‘Toto’ Torres
