Caso Andino: reactivan proceso contra alias “Violeta” casi nueve años después del ataque

¿Puede la figura de gestor de paz suspender órdenes en delitos de esta gravedad sin afectar los derechos de las víctimas?

El 17 de junio de 2017, un artefacto explosivo fue detonado en el segundo piso del Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, dejando tres mujeres muertas y más de una decena de personas heridas en plena jornada previa al Día del Padre. El ataque, calificado por las autoridades como un acto terrorista, generó una investigación por homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir, entre otros delitos. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los expedientes judiciales más sensibles de la capital.

Dentro de las investigaciones fue vinculada Violeta Arango Ramírez, señalada de presunta participación en la planeación del atentado y de integrar una estructura asociada al ELN. Tras varios años prófuga, fue capturada en 2022 y se le impuso medida de aseguramiento. Sin embargo, meses después recuperó la libertad al ser designada como gestora de paz en el marco de los acercamientos del Gobierno con esa guerrilla, lo que implicó la suspensión de las órdenes de captura vigentes en su contra.

Sobre ese punto, el reconocido abogado penalista Francisco Bernate explicó que “alias Violeta fue vinculada por su presunta responsabilidad en el atentado al centro comercial Andino y su presunta pertenencia al Ejército de Liberación Nacional; fue detenida, fue privada de su libertad y, posteriormente, por cuenta de su designación como gestora de paz con el ELN, se suspendieron las órdenes de captura y recuperó su libertad”.

El sustento cambió en enero del año pasado, cuando dejó de ostentar la condición de gestora de paz. Según Bernate, “hemos tenido conocimiento de que ya desde enero del año que terminó esta persona ya no es gestora de paz y en consecuencia la Fiscalía General de la Nación ha solicitado la reactivación de la orden de captura”. Añadió que “efectivamente un juzgado de Bogotá ha reactivado la orden de captura; esta persona debe cumplir una medida de aseguramiento”.

La decisión judicial fue adoptada este 13 de febrero de 2026 por un juez de control de garantías en Bogotá, quien ordenó reactivar la orden de captura y dispuso que Arango Ramírez deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. Además, el despacho compulsó copias para que la Procuraduría General de la Nación investigue eventuales irregularidades relacionadas con la notificación sobre la pérdida de su estatus como gestora de paz.

Bernate también señaló que “se ha elevado un importante cuestionamiento porque la Fiscalía no tenía conocimiento de que esta persona ya no era gestora de paz y se ha ordenado a la Procuraduría General de la Nación hacer las investigaciones correspondientes”. Desde la representación de víctimas, agregó: “Desde la representación de once mujeres víctimas de este atentado, esperamos que las autoridades den con el paradero de alias Violeta y que ojalá pueda responder por un hecho tan grave como este”.

Con la reactivación de la orden de captura, el caso del atentado al Andino vuelve a tomar impulso judicial casi nueve años después de la explosión que marcó a la ciudad. La Fiscalía mantiene vigente la acusación por delitos relacionados con terrorismo y homicidio agravado, mientras las autoridades buscan hacer efectiva la recaptura para que continúe el proceso en su contra bajo medida de aseguramiento.

Juan Joya