Caso UNGRD: defensa de Sandra Ortiz pide preclusión del proceso por tráfico de influencias y lavado de activos

La defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, solicitó ante un juzgado de Bogotá la preclusión del proceso penal que se adelanta en su contra por tráfico de influencias y lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La petición fue presentada por el abogado Mauricio Camacho ante la juez octava Penal Especializada de Bogotá. El jurista sostuvo que su defendida, exfuncionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, no incurrió en las conductas que le atribuye la Fiscalía y que fue vinculada al expediente por hechos en los que —según afirmó— no tuvo participación alguna.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que uno de los contratos que dio origen a la investigación no existiría en los términos señalados por el ente acusador. En ese sentido, Camacho aseguró que se estaría sometiendo a su clienta al rigor del proceso penal pese a que el hecho jurídicamente relevante consignado en la acusación, según dijo, no habría ocurrido.

El abogado explicó que el contrato mencionado por la Fiscalía como celebrado en el municipio de Repelón (Atlántico), en realidad correspondería a Girón (Santander). A su juicio, esta inconsistencia evidenciaría una irregularidad en la sustentación de la acusación. También cuestionó la supuesta gestión de una adición contractual por 11.000 millones de pesos que se le atribuye a Ortiz dentro del presunto tráfico de influencias.

De igual forma, la defensa se refirió al supuesto interés que, según la acusación, habría tenido el entonces presidente del Senado, Iván Name, frente a un contrato en el Atlántico. Según la Fiscalía, Ortiz habría intervenido para que se autorizara una adición presupuestal en dicho proceso contractual, versión que la defensa niega.

Camacho insistió en que, a la luz de los elementos expuestos, debe avanzarse hacia la preclusión de la investigación respecto de los delitos imputados, al considerar que no se configuran los tipos penales atribuidos a su defendida.

Por su parte, la Fiscalía solicitó a la juez rechazar la petición. El ente acusador advirtió que el contrato cuestionado constituye solo una de varias líneas probatorias dentro del expediente y que la defensa se limitó a controvertir ese punto sin desvirtuar otros elementos relevantes del caso.

Según la Fiscalía, la argumentación no abordó aspectos como la reunión del 21 de septiembre de 2023 ni las expresiones que, presuntamente, Sandra Ortiz habría dirigido a Olmedo de Jesús López Martínez, elementos que —a juicio del ente investigador— respaldan la acusación dentro del entramado de corrupción en la UNGRD.

La juez del caso analizará los planteamientos de ambas partes y el próximo 4 de marzo definirá si precluye el proceso o si, por el contrario, deja en firme la acusación formulada por la Fiscalía contra la exfuncionaria.

Humberto ‘Toto’ Torres