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El departamento de Córdoba enfrenta una de las peores emergencias por lluvias de su historia reciente, con miles de familias afectadas, daños significativos en infraestructura y un creciente debate político sobre las causas y la respuesta institucional al desastre.
Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, consideradas “atípicas” por meteorólogos y autoridades, superan con creces los promedios históricos para esta época del año, lo que ha llevado al desbordamiento de ríos como el Sinú y a un panorama de inundaciones extendidas en zonas rurales y urbanas del departamento.
Según informes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia ha dejado decenas de miles de damnificados, con familias evacuadas y barrios incomunicados en varios municipios. La llegada de ayuda humanitaria, incluyendo toneladas de suministros, ha comenzado a reforzar la atención en terreno, con operaciones coordinadas desde Montería hacia las zonas más golpeadas.
Las lluvias también han generado pérdidas en viviendas, cultivos y servicios básicos, obligando a autoridades locales a activar planes de contingencia y albergues temporales para quienes han perdido sus hogares.
Choque político por responsabilidades
En medio de la emergencia, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado al Gobierno nacional para evitar la estigmatización de instituciones y concentrar los esfuerzos en atender la crisis humanitaria. Zuleta sostuvo que no se pueden buscar “responsables donde no los hay” y recordó que la operación de la hidroeléctrica Urrá —centro del debate por su posible impacto en el desastre— está bajo el control de entidades del Estado.
Estas declaraciones responden a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido que el manejo del embalse de Urrá pudo haber influido en la magnitud de las inundaciones. El presidente ha planteado incluso la posibilidad de responsabilidad penal para directivos de la represa, argumentando presuntas deficiencias en la gestión de los niveles de agua frente a eventos extremos.
La discusión política ha escalado hasta cuestionamientos públicos entre las autoridades nacionales y regionales, en un contexto en el que se debate el papel de la gestión del riesgo frente a las consecuencias del fenómeno climático.
En paralelo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha anunciado un proceso sancionatorio contra Urrá por presuntos incumplimientos en las reglas de operación del embalse, tras registrar sobrepasos sistemáticos del volumen permitido en años recientes, lo que podría haber agravado la situación cuando se sumaron las lluvias intensas.
La empresa, por su parte, ha defendido su actuación, negando violaciones a los niveles técnicos autorizados para la operación del embalse y atribuyendo el fenómeno a condiciones climáticas excepcionales más que a fallas operativas.
Especialistas en gestión del riesgo han advertido que las lluvias podrían continuar en los próximos días debido a frentes fríos atípicos, lo que complica aún más las labores de atención y prevención en zonas vulnerables.
El Gobierno nacional evalúa declarar una emergencia económica y social, lo que permitiría agilizar recursos para la atención de la crisis y la reconstrucción de las áreas afectadas. Sin embargo, esta medida también enfrenta debates jurídicos y administrativos sobre su implementación y el uso de fondos públicos.
Paola Andrea Martínez Burgos
