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¿El Gobierno estaba trasladando al sector privado la responsabilidad de financiar la crisis energética en la Costa Caribe?
La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica, que imponía nuevos cobros a las empresas generadoras de energía y establecía obligaciones adicionales para las hidroeléctricas. La decisión se oficializó este viernes 6 de febrero, tras la admisión de una demanda que cuestionaba la legalidad del decreto y el alcance de las facultades extraordinarias utilizadas por el Ejecutivo.
El decreto suspendido contemplaba un gravamen del 2,5 % sobre las utilidades de las compañías del sector y un aporte equivalente al 12 % de la energía generada por las hidroeléctricas, destinado a las empresas intervenidas por el Estado. Según el Gobierno, estas medidas buscaban aliviar la presión sobre comercializadoras y distribuidoras con dificultades operativas, además de garantizar recursos inmediatos para enfrentar el déficit fiscal y la crisis energética.
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado-05-Febrero-6-de-2026
La suspensión trae efectos inmediatos sobre el mercado eléctrico. Las generadoras de energía estaban próximas a cumplir con el primer pago del gravamen del 2,5 % en los primeros días de febrero, lo que representaba un esfuerzo financiero adicional en un contexto de alta exigencia operativa. Con la decisión de la Corte, estas obligaciones quedan sin efecto de manera temporal, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia económica.
Uno de los puntos más sensibles de esta discusión es la situación en la región Caribe. La empresa Air-e, hoy intervenida, enfrenta uno de los mayores déficits financieros del sector y ha puesto en riesgo el suministro de energía para millones de usuarios. El Gobierno había argumentado que el recaudo de 300.000 millones de pesos y la entrega del 12 % de energía por parte de las hidroeléctricas eran herramientas necesarias para enfrentar la crisis.
La Corte Constitucional deberá determinar si las medidas adoptadas cumplen con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad exigidos por la Constitución. El alto tribunal tendrá que analizar si la creación de nuevos tributos y la obligación de transferir energía se relacionan directamente con las causas que motivaron la declaratoria de emergencia económica. Hasta que se emita un fallo definitivo, las disposiciones permanecerán suspendidas y el Gobierno no podrá ejecutar su esquema de recaudo.
Juan Joya
