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¿El fallo protege realmente la seguridad jurídica del sistema electoral o limita la pluralidad política?
El Consejo de Estado decidió el 5 de febrero revocar la personería jurídica del Partido del Trabajo de Colombia (PTC), organización que había recuperado su estatus legal en junio de 2023 mediante una resolución del Consejo Nacional Electoral. La decisión afecta directamente al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien el 22 de enero de 2026 recibió el aval presidencial de esa colectividad para participar en la consulta del progresismo prevista para marzo. Con la sentencia, ese aval queda sin efectos y Romero deberá buscar otro respaldo político o recurrir a la inscripción por firmas para mantener su aspiración presidencial.
El fallo se produjo tras la demanda presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien argumentó que el PTC perdió su personería en 2004 por no alcanzar el umbral de votos exigido en las elecciones de 2002 y que nunca sufrió un exterminio sistemático como el de la Unión Patriótica o el Nuevo Liberalismo. Según el demandante, el partido continuó participando en la política nacional a través de coaliciones como el Polo Democrático, la Alianza Verde, Colombia Humana y el Pacto Histórico, lo que demostraba que su capacidad de acción política no había sido anulada por hechos de violencia.
El Consejo Nacional Electoral había restituido la personería del PTC en 2023 con base en la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional, que permitió el regreso del Nuevo Liberalismo al escenario político al considerar que había sido víctima de violencia sistemática. En ese momento, el CNE sostuvo que militantes del PTC habían sufrido asesinatos, amenazas y desplazamientos desde finales de los años setenta, lo que justificaba aplicar el mismo criterio. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditó una relación de causalidad directa entre esos hechos violentos y la imposibilidad del partido de cumplir con los requisitos legales para conservar su personería.
La sentencia señala que, aunque se documentaron casos como el asesinato de Zully Codina en 2003, el de Oswaldo Hernández en 2013 y las amenazas contra dirigentes como Marcelo Torres y Yezid García, esos sucesos no impidieron que el PTC participara en elecciones mediante alianzas o coaliciones. Por esa razón, el tribunal consideró que la colectividad no estaba exceptuada de cumplir con la regla del umbral establecida en la Constitución y las leyes electorales.
La decisión tiene efectos inmediatos en el panorama político de 2026. El PTC queda sin reconocimiento legal y no podrá inscribir candidatos propios ni respaldar aspiraciones presidenciales. Camilo Romero, quien había anunciado su participación en la consulta progresista con el aval del PTC, se queda sin esa opción y deberá redefinir su estrategia electoral en un calendario ajustado, a pocas semanas de las consultas interpartidistas.
El Partido del Trabajo de Colombia, fundado en 1970 y con una trayectoria marcada por alianzas con otras fuerzas de izquierda, vuelve a quedar fuera del registro oficial de partidos políticos. La revocación de su personería evidencia la aplicación estricta de las normas electorales y marca un nuevo capítulo en la historia de una colectividad que ha tenido presencia intermitente en la política nacional.
En Colmundo, Camilo Romero expuso las iniciativas con las que busca ser presidente:
Juan Joya
