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2 febrero, 2026Este lunes 2 de febrero, la candidata Paloma Valencia informó que denunció un presunto derroche de recursos públicos al interior de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un momento en el que el Gobierno insiste en que no hay suficiente presupuesto y plantea aumentar los impuestos a los ciudadanos. Según la dirigente política, mientras se habla de austeridad, altos directivos de la entidad habrían utilizado aviones privados para sus desplazamientos, evitando así las filas y las incomodidades de los vuelos comerciales.
De acuerdo con la información revelada en un comunicado, la ANT firmó el 13 de junio de 2025 un contrato con Recio Turismo S.A. para el suministro de tiquetes aéreos de sus funcionarios. El contrato inició por un valor de $3.024 millones y, tras una adición en diciembre del mismo año, alcanzó un costo total de $4.536 millones. Valencia aseguró que con estos recursos no solo se financiaron vuelos comerciales, sino también vuelos chárter (vuelos con aviones alquilados) que “ya superan los $179 millones”, incluso en rutas donde existen opciones más económicas.
Uno de los casos señalados corresponde a un vuelo chárter entre Bogotá y Aguachica para nueve personas, con un costo de $21 millones. Según la candidata, el valor del tiquete comercial para esa ruta es de $516.822 por persona, lo que representa una diferencia superior a los $16 millones. Otro ejemplo mencionado fue un vuelo chárter Bogotá–Puerto Berrío–Bogotá por $26 millones para el director de la ANT y su esquema de seguridad, pese a que el trayecto puede realizarse con un vuelo comercial y transporte terrestre por cerca de un millón de pesos.
Valencia también recordó que la ANT cuenta con un contrato de transporte terrestre vigente, firmado en junio de 2025, por $10.951 millones. Este contrato ofrece cobertura nacional las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que, a su juicio, hace “aún más injustificable” el uso de vuelos privados para desplazamientos oficiales. Para la candidata, estas decisiones contradicen el discurso de austeridad promovido por el Gobierno.
Finalmente, a esto se le suma la entrega directa de un contrato por $25.000 millones al Canal 13 el pasado 28 de enero de 2026 para la realización de eventos, sin proceso de licitación y excluyendo a empresas privadas. Frente a estos hechos, Valencia afirmó que “el despilfarro también es corrupción” y advirtió que, bajo estas prácticas, no hay presupuesto público que alcance, mientras se siguen pidiendo mayores sacrificios a los ciudadanos.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




