Concejo de Bogotá alerta por deterioro del transporte público: “más caro, más inseguro y más caótico”

La crisis de movilidad en Bogotá escaló a un nuevo umbral de reclamo social y político. Más allá de los constantes trancones y las obras que inundan la ciudad, un debate en el Concejo de Bogotá evidenció con cifras y testimonios el deterioro del sistema de transporte público en la capital, donde millones de usuarios enfrentan diariamente un escenario que combina sobrecostos, inseguridad y deficiencias operativas.

En un debate de control político, el concejal del partido MAIS, Óscar Bastidas Jacanamijoy, cuestionó duramente las decisiones administrativas relacionadas con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio, señalando que la ciudadanía está pagando el costo de una gestión ineficiente. Según el documento oficial del Concejo, el aumento de la tarifa del pasaje, una medida adoptada recientemente por la Alcaldía, se habría convertido en una carga directa sobre los hogares, especialmente de estratos 2 y 3.

Uno de los datos más preocupantes revelados durante la sesión fue la escalada de incidentes de inseguridad dentro del sistema. Entre enero y agosto de 2025 se reportaron más de 9.000 hurtos en TransMilenio, lo que representa un incremento cercano al 63% frente al periodo anterior. A esto se suma una alarmante realidad de violencia sexual: una de cada cuatro personas habría sufrido algún tipo de agresión dentro del sistema, con las mujeres como principales víctimas.

Estos datos coinciden con otras mediciones de percepción ciudadana que muestran un sentimiento creciente de inseguridad entre los bogotanos frente al transporte y la vida urbana.

Además de las fallas en seguridad, el debate dejó en evidencia la falta de una estrategia coherente en infraestructura. Las obras en corredores clave como la Avenida 68, la Calle 13, la Caracas y la Autopista Sur se realizan de manera simultánea y, según los concejales de oposición, sin coordinación integral. El caso de la Calle 13 fue citado como ejemplo emblemático, donde la demolición de estructuras sin la garantía de soluciones inmediatas ha partido la ciudad y ha generado cuestionamientos técnicos y jurídicos.

Los siniestros viales protagonizados por buses del sistema suman cifras igualmente preocupantes. Entre 2023 y 2025, los registros oficiales señalan más de 1.100 personas lesionadas o fallecidas en incidentes relacionados con el transporte público, principalmente en el componente zonal. Estas cifras han derivado en decenas de procesos judiciales cuyo monto pretendido supera los 6,8 billones de pesos.

Asimismo, el Concejo denunció que más del 11% de la flota zonal está fuera de servicio por fallas mecánicas, inmovilizaciones y deficiente control de las condiciones técnicas de los vehículos.

Desde la bancada opositora se lanzó un llamado claro: el modelo de transporte no puede seguir beneficiando a operadores privados mientras que la ciudadanía paga las consecuencias de un sistema colapsado. Según los concejales críticos, los sobrecostos, retrasos y desgaste político han convertido al transporte en un castigo diario para millones de bogotanos.

Las propuestas en el Concejo apuntan hacia una revisión estructural del SITP y de TransMilenio, priorizando la seguridad, la continuidad operacional y una tarifa justa que no agrave las cargas de los hogares más vulnerables.

El debate se da en un momento en el que la tarifa de TransMilenio ya ha sido ajustada para 2026 a 3.550 pesos por viaje, lo que representa un incremento de casi el 11% en comparación con el año anterior. Este aumento ha generado polémica entre las autoridades distritales y nacionales, incluyendo demandas de explicaciones técnicas al alcalde Carlos Fernando Galán por parte del presidente Gustavo Petro.

Con la percepción de inseguridad entre los ciudadanos en aumento, el futuro del transporte público bogotano se perfila como un tema central en la agenda política y social de 2026.

Paola Andrea Martínez Burgos