Despidos en el Dapre antes de la Ley de Garantías: más de 30 funcionarios salen pese a circular presidencial

A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) declaró insubsistentes a más de 30 funcionarios, una decisión que ha generado inquietud por el momento en que se produce y el perfil de varios de los afectados.

Desde la Presidencia de la República se explicó que las desvinculaciones corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción, razón por la cual, con la llegada de una nueva administración, estos puestos quedan a disposición del director o directora en turno, en este caso, la recientemente designada Nhora Mondragón.

Sin embargo, entre los funcionarios desvinculados se encuentran prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas, quienes anunciaron que emprenderán acciones legales. Todos fueron notificados mediante actos administrativos firmados por la subdirectora del Dapre, Letty Leal.

Uno de los casos más representativos es el de Luz Dary Cruz, quien durante más de 25 años se desempeñó como jefe de Recursos Humanos de la Presidencia de la República. Además de su amplia trayectoria, Cruz estaba próxima a pensionarse y tenía a su cargo funciones clave como la gestión de hojas de vida dentro de la entidad.

Las salidas no se limitaron a funcionarios de reciente vinculación. Algunas de las personas desvinculadas hacían parte del equipo de la exdirectora Angie Rodríguez, mientras que otras, como Cruz, contaban con décadas de servicio en la Casa de Nariño, lo que ha intensificado las críticas por el alcance de las decisiones.

Los despidos se produjeron pese a una circular externa emitida el pasado 9 de enero, dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que se ordenaba abstenerse de realizar desvinculaciones en este periodo. El documento advertía que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, las entidades debían actuar con prudencia y responsabilidad en la gestión del talento humano, evitando decisiones masivas sin justificación objetiva.

La circular señalaba expresamente que se debían evitar desvinculaciones generalizadas o masivas, especialmente aquellas no sustentadas en necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos, teniendo en cuenta que la Ley de Garantías entra en vigor el 31 de enero de 2026.

De acuerdo con información conocida este lunes 26 de enero, las notificaciones comenzaron sobre las 5:00 de la tarde, cuando los funcionarios fueron llamados uno por uno para informarles su declaratoria de insubsistencia. El procedimiento se dio tanto en el Departamento Administrativo como en la Secretaría General de la Presidencia.

Entre los cargos afectados figuran no solo jefaturas, sino también personal operativo, como meseros y conductores, muchos de ellos con años de servicio en la entidad, lo que ha incrementado la preocupación por el impacto social de las decisiones.

Además de Luz Dary Cruz, entre los funcionarios declarados insubsistentes se encuentra Yury Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Dapre, ampliando el alcance de los despidos a áreas estratégicas de comunicación institucional.

Este escenario recuerda lo ocurrido recientemente en la Cancillería, donde al menos 130 personas han salido de la entidad bajo la misma figura administrativa. La repetición del patrón ha alimentado denuncias sobre una creciente ola de insubsistencias en el Gobierno nacional.

Aunque el presidente Gustavo Petro había ordenado que los funcionarios de libre nombramiento y remoción no fueran retirados de manera indiscriminada, se ha advertido que la contratación estatal estaría en aumento, mientras se producen estas salidas, presuntamente para ajustes internos y cumplimiento de cuotas, según información conocida por Caracol Radio.

Con la Ley de Garantías a punto de entrar en vigor, las decisiones adoptadas en el Dapre abren un nuevo frente de debate sobre la coherencia entre las directrices presidenciales y las actuaciones administrativas, así como sobre la protección de derechos laborales en un periodo electoral sensible.

Humberto ‘Toto’ Torres