Ministro Idárraga denuncia una presunta conspiración política tras interceptaciones ilegales del caso Pegasus

El ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, advirtió que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno Nacional en el marco del caso Pegasus existiría una conspiración política, promovida desde algunos sectores con el propósito de afectar la imagen de la actual administración, incluso en un escenario electoral.

Durante la inauguración del tercer centro de reintegración para personas que recuperaron su libertad, realizada en Cali, el funcionario señaló que el Gobierno se mantiene a la espera de un informe detallado por parte de la Policía Nacional, en el que se precise el avance de las investigaciones relacionadas con el uso ilegal del software de espionaje.

Idárraga sostuvo que el fondo del escándalo no se limita a nombres propios, sino que apunta a una posible estrategia de desprestigio contra el Ejecutivo, presuntamente impulsada desde algunos sectores vinculados al ámbito de la defensa, que hoy son el eje central de la controversia. Según explicó, la gravedad del asunto radica en la utilización de mecanismos ilegales para afectar la estabilidad institucional en un momento políticamente sensible.

El ministro reveló además que él mismo fue víctima directa de estas interceptaciones, al señalar que el micrófono de su teléfono celular fue activado de forma remota, permitiendo el acceso a información confidencial del Estado. Detalló que se registraron 134 eventos de intervención, que derivaron en más de 8.700 interceptaciones ilegales comprobadas.

De acuerdo con Idárraga, el material extraído supera los 2,3 gigas de información sensible, que incluiría datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel dentro del Gobierno Nacional, lo que, a su juicio, agrava la dimensión del caso y refuerza la hipótesis de una acción coordinada con fines políticos.

En otro frente, el ministro negó tajantemente cualquier tipo de injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que este lo señalara de tener supuestos intereses políticos. Idárraga afirmó que dicha versión obedece a desinformación promovida por terceros, interesados en generar divisiones internas.

Finalmente, aseguró que el tema será abordado por los canales institucionales correspondientes, reiterando el respeto del Gobierno por la independencia judicial, y anunció que buscará un diálogo directo con el director de la UNP para aclarar la situación y evitar interpretaciones que puedan afectar la gestión pública.

Humberto ‘Toto’ Torres