11 presuntos integrantes de la organización delincuencial La 93, dedicada al fleteo en diferentes departamentos del país fue desarticulada por las autoridades en la ciudad de Medellín y puestas a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.
Según el reporte oficial, el grupo ilegal habría hurtado más de 200 millones de pesos en siete ciudades de Colombia y por lo tanto El Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 7 presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado, La 93, dedicada al hurto en la modalidad de fleteo en varios departamentos colombianos.
Los afectados con la medida son: Aldivier Enrique Aristizabal Monroy, alias el Tío; Maicol Stiven Rodríguez Cifuentes, alias Naranjo; Juan Carlos Correa Grisales, alias Bola; Juan Esteban Osorio Henao, alias Guardiola; y Juan José Cardona Ruiz.
La decisión también cobija a los presuntos cabecillas Johan David Monroy Escudero, alias Monroy; y Jefferson Camilo Restrepo Correa, alias Mono.
Entretanto, con medida de aseguramiento en el domicilio fueron cobijados 4 posibles integrantes más: Efraín Hernández Padilla, alias el Viejito; y Liseth Natalia Loaiza Castañeda, así como los patrulleros de la Policía Nacional Yessid Leandro Arredondo Cano y Carlos Zamudio Solorzano.
En desarrollo del proceso, un fiscal de la Estructura de Apoyo de Medellín logró establecer que entre abril de 2019 y septiembre de 2020 integrantes de la estructura delincuencial La 93 se habrían apoderado de más de 220 millones de pesos, en hechos ocurridos en Medellín, Envigado y Sabaneta (Antioquia); Armenia (Quindío), Popayán (Cauca), y Tuluá y Palmira (Valle del Cauca).
Según los investigadores de la Policía Nacional, los miembros de la banda tenían diferentes roles para perpetrar los ilícitos; unos se encargaban de ubicar a las víctimas en las entidades bancarias y dar las características de las mismas a otros ilegales encargados de hurtar el dinero utilizando motocicletas. Luego, en zonas aledañas a los hechos estaban los coordinadores esperando en vehículos para recibir el dinero hurtado y las armas de fuego usadas para intimidar a los ciudadanos afectados.
El material probatorio recaudado permitió evidenciar que en enero del presente año, los patrulleros de la Policía Nacional presuntamente exigieron dinero a una supuesta integrante de la mencionada estructura a cambio de no judicializarla. La mujer entregó sus joyas avaluadas en $1.600.000.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado. Los uniformados tampoco aceptaron los cargos que por el delito de concusión les endilgó el ente acusador.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para combatir el hurto en todas sus modalidades, como un fenómeno delictivo de alto impacto que afecta la seguridad ciudadana, implementada según los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En la calle y en los territorios”.