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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos a la magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía, en un caso relacionado con el reconocimiento y pago de mesadas pensionales que, según la Fiscalía, ya habían sido canceladas en su totalidad.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 10 de julio de 2013, cuando Ramírez Villanueva se desempeñaba como jueza laboral del circuito de Barranquilla. En ese entonces, ordenó un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado, pese a que existían pruebas y normas que acreditaban que las obligaciones pensionales habían sido pagadas completa y oportunamente.
La Fiscalía señaló que la decisión judicial fue manifiestamente contraria a la ley, ya que desconoció elementos probatorios clave y criterios jurídicos vigentes. Además, la funcionaria habría incrementado de manera injustificada el monto inicial de la obligación, que en un auto anterior, del 24 de mayo de 2010, ella misma había fijado en 571 millones de pesos.
Según el ente acusador, el aumento se produjo al reconocer pagos ya efectuados por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y al adicionar conceptos como intereses moratorios e indexación, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla había advertido expresamente que el crédito debía establecerse en “cero”, al estar las mesadas totalmente cubiertas.
Para la Fiscalía, la actuación judicial permitió que un particular se apropiara de recursos públicos por mesadas inexistentes, lo que habría generado un detrimento patrimonial para el Estado. En ese sentido, el ente investigador sostiene que la magistrada habría favorecido indebidamente al accionante, facilitando el cobro de dineros que ya habían sido pagados por el ISS dentro de los plazos legales.
El proceso penal continuará su curso ante las instancias correspondientes, mientras se define la responsabilidad penal de la magistrada Ramírez Villanueva en los hechos que hoy la tienen imputada por graves delitos contra la administración pública.
Humberto ‘Toto’ Torres
