Fenalco advierte a la Corte Constitucional sobre los riesgos jurídicos y económicos de la emergencia económica

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) envió una carta formal al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en la que advierte sobre los posibles efectos adversos que tendría para el país la declaración de emergencia económica planteada por el Gobierno nacional.

La organización gremial expresó su preocupación por el impacto en la seguridad jurídica, la confianza legítima y la estabilidad económica de Colombia, ante una medida que busca financiar cerca de $16 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026, si no se cumplen los requisitos constitucionales previstos para este tipo de estados excepcionales.

Para Fenalco, uno de los principales puntos en discusión es que el Ejecutivo haya recurrido a una herramienta de excepción basándose en la no aprobación de una reforma tributaria por parte del Congreso, algo que, a juicio del gremio, no constituye un hecho extraordinario ni imprevisible que amerite activar un estado de emergencia.

“El uso de esta figura para suplir la función del Legislativo en materia tributaria podría desconocer el ejercicio legítimo de las competencias del Congreso”, señaló Cabal en la misiva, recordando que los decretos legislativos emitidos durante estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos y pueden consolidar situaciones difíciles de revertir, incluso si posteriormente se declara su inexequibilidad.

Actualmente, la Rama Judicial se encuentra en periodo de vacancia, lo que añade un elemento de complejidad al trámite constitucional que debe surtirse para analizar la legalidad de la medida.

Piden vigilancia preventiva y posible revisión expedita

Además de manifestar su rechazo técnico a la declaratoria, Fenalco solicitó a la Corte ejercer vigilancia preventiva, con el fin de que el alto tribunal analice de forma temprana los decretos que pudieran expedirse en el marco de la emergencia, incluso durante el receso judicial.

El vicepresidente de litigio de la entidad, Cristian Stapper, afirmó que el gremio confía en que la Corte priorice un control constitucional efectivo frente a un decreto que, según Fenalco, carece de “hechos extraordinarios, imprevisibles o sobrevinientes” que lo justifiquen.

Fenalco no es el único gremio en levantar la voz. Sectores como la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la ANDI y el Consejo Gremial han expresado inquietudes similares, advirtiendo que la medida podría enviar señales negativas a la inversión, presionar a los sectores productivos y vulnerar los límites institucionales entre las ramas del poder público.

La controversia generada por el decreto de emergencia económica pone ahora el foco en la Corte Constitucional, que podría ser llamada a sesionar, incluso en sala extraordinaria, para analizar la legalidad y el alcance constitucional de la medida, según han señalado analistas políticos y juristas.

Mientras tanto, sectores de la oposición han subrayado que recurrir a esta figura para enfrentar un déficit fiscal o la falta de una reforma tributaria podría no cumplir con los criterios estrictos de excepcionalidad establecidos por la Constitución, lo que anticipa un pulso jurídico y político de alto impacto en los próximos meses.

Paola Martínez Burgos