Contraloría detectó hallazgos fiscales por USD 26,2 millones en contrato energético

Este martes 23 de diciembre, la Contraloría General de la República informó que identificaron hallazgos fiscales por USD 26.215.600 tras analizar una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía relacionada con un contrato de XM S.A. E.S.P, empresa administradora del mercado de energía mayorista y el desarrollo de soluciones y servicios de energía e información.

De acuerdo con el comunicado escrito, el ente de control indicó que el proceso estuvo vinculado a la implementación del Sistema de Administración del Mercado (SAM). Asimismo, señaló que los contratos se financiaron con recursos incluidos en la tarifa regulada aprobada cada año por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y además, el análisis se centró en la ejecución, pagos y cumplimiento contractual. Para ello, evaluaron aspectos jurídicos, técnicos y financieros, dando como resultado la evidencia de una afectación al patrimonio público.

Dentro de la investigación, la Contraloría determinó un primer hallazgo por USD 15.634.924 relacionado con la ejecución y el pago del contrato principal. El acuerdo fue suscrito con el Consorcio Siemens Endimensions para implementar la solución tecnológica integral SAM. Sin embargo, la entidad concluyó que el contrato presentó “incumplimientos graves que impidieron su materialización”. A pesar de múltiples prórrogas otorgadas al contratista, el sistema nunca fue entregado, así como tampoco fue recibido a satisfacción por XM S.A. “La evidencia permitió comprobar que XM S. A. pagó sumas significativas por bienes y servicios que no fueron recibidos”, subrayó.

Aunque la empresa sostuvo que realizó una supervisión constante del contrato, la Contraloría señaló que esta vigilancia “no evitó la afectación patrimonial”. El sistema SAM, eje central del proyecto, nunca entró en funcionamiento; aun así, se realizaron desembolsos millonarios. “XM S. A. activó los mecanismos de reclamación ante la aseguradora y emprendió acciones judiciales contra el consorcio en un momento en el que el daño ya se encontraba materializado”, añadió.

Para el organismo de control, las medidas fueron tardías, ya que la afectación económica ya se había producido y esto limitó la posibilidad de evitar el daño. Adicionalmente, se determinó un segundo hallazgo fiscal por USD 10.580.676 relacionado con contratos de diseño, implementación, capacitación y soporte del software. Por lo que se evidenció pagos por servicios de soporte aun cuando el sistema no fue entregado ni validado. Y es que, según el informe, se cancelaron actividades sobre componentes “que no estaban implementados o no funcionaban de manera integrada”. Lo que quiere decir es que esto contradice la naturaleza del soporte técnico, porque el sistema no podía ser operado; y a pesar de ello, se realizaron pagos.

Finalmente, la Contraloría remitió el informe completo al Ministerio de Minas y Energía, en donde se recoge el análisis jurídico, técnico, financiero y contractual adelantado por el equipo auditor. También incluye las conclusiones y los hallazgos derivados de la actuación fiscal; y asimismo, servirá de base para las decisiones que correspondan.

Dayineth Isabel Molina Velásquez