Petro denuncia persecución política y judicial tras envío a prisión de exministros Bonilla y Velasco

El presidente Gustavo Petro calificó como un acto de persecución política y judicial la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar el envío a la cárcel de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, investigados por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El mandatario sostuvo que la medida no responde exclusivamente a criterios jurídicos y advirtió sobre un uso selectivo de la justicia en Colombia.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Petro cuestionó con dureza la decisión judicial y aseguró que en el país persiste una justicia que actúa con mayor rigor contra sectores políticos distintos a los tradicionales. En ese contexto, señaló que la corrupción y la impunidad han sido un lastre histórico para Colombia, alimentado —según su visión— por intereses particulares que se imponen sobre el bienestar colectivo.

El jefe de Estado afirmó que la privación de la libertad de Bonilla y Velasco estaría motivada por cálculos políticos en un contexto preelectoral, y no únicamente por la valoración de las pruebas. En su mensaje, sugirió que el objetivo sería generar un impacto mediático con imágenes de exfuncionarios privados de la libertad, con la intención de incidir en la opinión pública y en el debate electoral, lo que, a su juicio, debilita las reglas democráticas para quienes no pertenecen a los sectores tradicionales de poder.

Petro también expresó reparos sobre la legalidad de la medida, al indicar que las partes no habrían solicitado la detención preventiva y que el juez de control de garantías podría haberse excedido en sus funciones. En esa misma línea, comparó la situación de los exministros con el proceso judicial que enfrenta su hijo, Nicolás Petro, al considerar que, pese a errores personales, la cárcel no era una medida necesaria, desde su interpretación de las actuaciones judiciales.

El mandatario fue más allá al advertir que en Colombia se estaría consolidando un fenómeno de “lawfare”, entendido como el uso del aparato judicial con fines políticos. Según expuso, el país atraviesa una etapa en la que las decisiones judiciales se convierten en herramientas de confrontación política, frente a lo cual aseguró que su gobierno resistirá hasta el último día, defendiendo lo que considera los intereses del pueblo y el Estado Social de Derecho.

En su pronunciamiento, Petro también respaldó las decisiones adoptadas durante su administración, especialmente los nombramientos que hoy son objeto de investigación. Recordó que propuso una terna para la Fiscalía General de la Nación integrada por personas que, afirmó, no conocía personalmente, asumiendo —según dijo— un riesgo institucional en favor de la democracia.

Finalmente, el presidente sostuvo que la coyuntura judicial no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una confrontación más amplia entre su proyecto político y sectores que se oponen a las reformas del Gobierno. A su juicio, la intensidad de los ataques responde a la resistencia de la oposición a aceptar la continuidad del progresismo en el poder, en un escenario marcado por disputas políticas, judiciales y una creciente polarización en el país.

Humberto ‘Toto’ Torres