Memorando con Venezuela llega a la Corte: expresidentes advierten riesgos constitucionales y de seguridad nacional  

Seis expresidentes de la República solicitaron a la Corte Constitucional dejar sin efectos jurídicos el memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela, que dio origen a la denominada Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional. Los conceptos ya reposan en el despacho del magistrado Carlos Camargo, en el marco del estudio de una demanda que cuestiona la validez constitucional de este instrumento.

Los exmandatarios César Gaviria, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez, en su calidad de miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, hicieron llegar sus posiciones al alto tribunal. Aunque con matices distintos, la mayoría coincide en que el memorando excede el alcance de un simple acuerdo no vinculante y compromete intereses estratégicos del Estado colombiano.

El expresidente César Gaviria pidió de manera explícita que la Corte declare sin efectos jurídicos el memorándum, al considerar que “pese a presentarse como un acuerdo no vinculante, en la práctica tiene el alcance material de un tratado internacional”. Según su concepto, el documento no puede operar al margen de los controles constitucionales previstos para este tipo de compromisos internacionales.

Gaviria advirtió que el memorando establece la creación de una Zona Económica Especial Binacional, con acciones en infraestructura, comercio, movilidad, regulación aduanera e instancias permanentes de gobernanza conjunta. A su juicio, este nivel de compromisos solo puede concretarse mediante un tratado internacional aprobado por el Congreso y sometido a control previo de constitucionalidad.

En la misma línea crítica, el expresidente Iván Duque lanzó una alerta sobre los impactos del memorando en la soberanía y la seguridad nacional. El exmandatario sostuvo que el acuerdo abre la puerta a esquemas de cooperación transnacional que permitirían la injerencia de autoridades venezolanas en territorio colombiano, incluso en decisiones de carácter económico, administrativo y de seguridad, competencias que —recordó— corresponden exclusivamente al Estado colombiano.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue enfático en señalar que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad no afectaría una política pública legítima, sino que restablecería el orden jurídico. “En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad no solo restablece el orden jurídico: reafirma que en Colombia ningún instrumento internacional puede operar o producir efectos sin nacer bajo la luz de la Constitución”, afirmó. Y añadió: “Esta decisión no destruye una política pública, sino que evita que una creación improvisada y descontrolada —un Frankenstein llamado ‘Memorándum’— termine devorando los fundamentos democráticos y constitucionales del Estado colombiano”.

Aunque se abstuvo de hacer un análisis estrictamente constitucional, el expresidente Juan Manuel Santos también fijó una posición clara desde la óptica de la conveniencia y la seguridad nacional. Para el exmandatario, la creación de la zona binacional no resulta conveniente para Colombia, debido a la presencia y actuación de grupos armados ilegales en la frontera, así como a la presunta complicidad de la Guardia Nacional venezolana en esa región.

La Corte Constitucional deberá ahora evaluar estos conceptos dentro del estudio de la demanda, en una decisión que podría marcar un precedente clave sobre los límites del Ejecutivo en la firma de memorandos internacionales y sobre la defensa de la soberanía y el orden constitucional en acuerdos de cooperación binacional.

Sala Digital Colmundo