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¿Qué confianza puede generar el proceso cuando el EGC se autodefine como fuerza con poder político y económico en las regiones?
El Gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, firmaron en Doha, Catar, nuevos compromisos de paz orientados a avanzar en la desmovilización de esta organización y la reincorporación de sus integrantes. El anuncio se realizó en el marco de la política de “Paz Total”, que impulsa acuerdos diferenciados con los principales grupos armados ilegales del país.
El EGC es considerado la estructura armada ilegal más grande de Colombia, con raíces en el paramilitarismo y fuerte influencia en Antioquia, Córdoba, Chocó y la Costa Caribe. Su poder se sostiene en economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, lo que lo convierte en un actor determinante dentro del panorama de seguridad nacional.
Los compromisos firmados incluyen la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para iniciar en marzo de 2026. Estos espacios estarán ubicados en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó, donde el Clan del Golfo mantiene presencia activa. “El compromiso es avanzar hacia la dejación de armas y la reincorporación efectiva”, señalaron los voceros en la declaración conjunta.
El acuerdo también contempla la ampliación de acciones piloto en diversos municipios afectados por el conflicto, como Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar), además de los ya acordados en Mutatá (Antioquia) y zonas del Chocó. Estas áreas buscan facilitar la transición de los combatientes hacia la vida civil y reducir la confrontación armada en territorios críticos.
Otro punto clave es la participación de un grupo de países mediadores integrado por Catar, Noruega, España y Suiza, que acompañará políticamente el proceso y respaldará los mecanismos de verificación. La supervisión estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), con el propósito de garantizar transparencia y confianza en el cumplimiento de los compromisos. “La comunidad internacional tendrá un rol clave en la supervisión de los avances”, se indicó en el comunicado.
El Gobierno y el EGC acordaron también impulsar programas de sustitución de economías ilícitas y proyectos productivos sostenibles en las zonas más afectadas. La intención es ofrecer alternativas económicas y disminuir la dependencia de actividades ilegales. “La reincorporación no será solo individual, sino también colectiva, con beneficios para las comunidades golpeadas por el conflicto”, se explicó en el documento.
La firma en Catar ocurre mientras el Clan del Golfo mantiene control territorial en varias regiones del país y protagoniza enfrentamientos con otras estructuras armadas. El Gobierno reconoció que la capacidad del grupo y sus fuentes de financiación ilícitas representan un desafío para cumplir lo pactado, aunque destacó que el acuerdo busca reducir la confrontación armada y avanzar en la reincorporación política y social de sus integrantes.
Juan Joya
