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¿Qué papel cumplen las organizaciones comunitarias y cabildos indígenas en la defensa de derechos en zonas de conflicto?
Este martes 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, fecha oficializada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998 con la adopción de la Declaración sobre el derecho y el deber de individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. La conmemoración busca reconocer la labor pacífica y legítima de quienes defienden derechos y visibilizar los riesgos que enfrentan en distintos contextos.
En Colombia, el contexto de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos sigue siendo crítico. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de 2025 se han registrado 181 asesinatos de líderes y defensores, además de 76 masacres. Estas cifras evidencian un panorama de riesgo latente para quienes lideran procesos comunitarios en zonas afectadas por el conflicto.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 3 de diciembre en Toribío, Cauca. Allí fueron hallados los restos de María Edilma Ul Baicue y sus hijos menores, Maicol y Yerson Coicue Ull, desaparecidos desde agosto de 2022. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) encontró sus cuerpos en una fosa en la vereda Quinamayo, configurando el hecho como una masacre. La Defensoría del Pueblo advirtió que la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados sigue representando un riesgo permanente para la población.
La Defensoría también recordó que en Toribío existe un riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos debido a la presencia del Frente 57 “Yair Bermúdez” y el Frente Dagoberto Ramos del autodenominado EMC, en confrontación armada, además de bandas locales. La Tercera División del Ejército enfrenta serias dificultades para contener la expansión de estos grupos armados ilegales.
Otro hecho que marcó la semana fue el asesinato de Elizabeth Mojica Nieves, líder social y etnoeducadora del pueblo Wiwa, ocurrido el 30 de noviembre en Riohacha, La Guajira. Mojica era reconocida por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas y su defensa de víctimas. Según Indepaz, hombres armados la sacaron de su vivienda en la vereda La Laguna y posteriormente la asesinaron con arma de fuego.
La Defensoría del Pueblo incluyó a Riohacha en la Alerta Temprana 013/25, señalando la imposición de normas ilegales por parte de grupos armados. Este llamado se suma a la AT 010/25, que advierte sobre el riesgo extremo en el territorio por la disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC/Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La Defensoría reiteró que estas formas de control social ilegal representan un riesgo permanente para los derechos de las comunidades.
La situación en La Guajira deja en claro la presión que enfrentan comunidades indígenas y rurales por la consolidación territorial de grupos armados. La jurisdicción corresponde a la Primera División del Ejército, que ha debido responder a incursiones y amenazas contra la población. Con el asesinato de Mojica, Indepaz contabiliza 181 líderes y defensores asesinados en 2025, cifra que refleja la gravedad de la crisis humanitaria.
El Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos aparece en el calendario en medio de un panorama marcado por la desolación, la violencia y el riesgo. La fecha subraya la urgencia de garantizar protección efectiva para quienes ejercen liderazgo social y comunitario, en un contexto donde las alertas tempranas siguen evidenciando la necesidad de acciones inmediatas.
Juan Joya
