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5 diciembre, 2025En una escalada de su ofensiva marítima contra el narcotráfico, Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque letal en aguas internacionales del Pacífico Oriental, dejando un saldo de cuatro presuntos terroristas muertos. La acción fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien detalló que la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear” realizó un “ataque cinético” contra un buque sospechoso. Según un comunicado del Comando Sur de EE. UU. (Southcom), el objetivo era un “norcobuque” que operaba para una organización designada como terrorista y transportaba narcóticos ilícitos por una ruta reconocida.
El Departamento de Guerra, a través de su cuenta en la red social X, fue contundente al afirmar que “la operación dejó como saldo cuatro terroristas muertos”. La publicación estuvo acompañada de un video que muestra el seguimiento y el posterior impacto que hizo volar “en mil pedazos” a la embarcación. Con este incidente, la campaña militar iniciada en septiembre por la administración Trump alcanza una cifra sombría: casi 90 personas han fallecido en más de 22 ataques aéreos contra blancos marítimos sospechosos, según el registro oficial.
Esta ofensiva forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Donald J. Trump, que busca combatir el narcotráfico catalogando a ciertos cárteles como grupos terroristas. Este marco legal justificaría, a ojos de Washington, el uso de fuerza militar en aguas internacionales. El expresidente Trump ha ido más allá, advirtiendo que estas acciones podrían no limitarse al mar y que países vinculados al tráfico de drogas –con alusiones indirectas hacia naciones como Colombia y Venezuela– podrían convertirse en blanco de medidas más amplias.
Frente a esta postura, la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue de firme defensa de la soberanía nacional. Petro salió a advertir públicamente que “Aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia … es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida”, marcando una clara línea frente a cualquier posibilidad de intervención extranjera en su territorio.
El rechazo internacional a esta campaña estadounidense no se ha hecho esperar. Diversos gobiernos latinoamericanos, junto con organismos de derechos humanos y expertos en derecho internacional, condenan lo que consideran “muertes extrajudiciales” y un “uso desproporcionado de la fuerza”. La tensión ha llevado a acciones concretas: Venezuela conformó una comisión especial en su Asamblea Nacional para investigar el asesinato de varios de sus ciudadanos en estos ataques, anunciando que llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), lo que podría abrir un nuevo frente de disputa legal contra las operaciones de EE. UU.




