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La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes 2 de diciembre que Nicolás Petro Burgos sea enviado a la cárcel de Barranquilla, mientras avanza la investigación por presunta corrupción. La petición fue presentada ante el juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en una audiencia donde el ente acusador insistió en que la privación de la libertad es necesaria para proteger el proceso judicial.
Fiscal advierte riesgo de interferencia y manipulación
La fiscal Lucy Laborde, encargada del caso, afirmó que mantener a Petro Burgos en libertad podría afectar el desarrollo de la investigación, al considerar que el hijo del jefe de Estado tendría capacidad para influir sobre testigos y funcionarios. Según la funcionaria, esta situación convierte la medida de aseguramiento en algo “indispensable y urgente” para garantizar la transparencia del proceso.
Laborde recordó que, en 2023, cuando fue capturado, Petro Burgos manifestó que negociaría un principio de oportunidad que nunca se concretó, lo que —según dijo— representó “una maniobra para desviar” la labor del fiscal Mario Burgos. Esta conducta, aseguró, es una muestra de que podría intentar obstruir la justicia nuevamente.
Investigación por presunta red de corrupción contractual
La solicitud se enmarca en el proceso que avanza por la presunta participación de Nicolás Petro en irregularidades contractuales entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, y dos modalidades de falsedad documental.
Aunque enfrenta cargos graves, el investigado se declaró inocente.
Fiscalía señala uso de influencias y riesgo de alterar pruebas
En su intervención, Laborde aseguró que Petro Burgos tendría poder suficiente para intervenir en decisiones judiciales, gracias a sus relaciones con figuras influyentes y sectores del Gobierno. Incluso señaló que, de acuerdo con audios presentados en la audiencia, habría ofrecido cargos o favores para movilizar apoyos, lo que incrementa el riesgo para la integridad del proceso.
La fiscal también afirmó que, tras conocer una nueva imputación, el procesado buscó justificar su conducta ante terceros, lo que podría ser interpretado como un intento de “orientar la versión de posibles testigos”. Esto, según el ente acusador, pone en peligro la recolección adecuada del material probatorio.
Ente acusador considera que representa un riesgo para la sociedad
Laborde fue explícita al afirmar que Nicolás Petro Burgos representa un riesgo tanto para la administración de justicia como para la sociedad, debido a su capacidad de influencia. Por ello, señaló que la única medida eficaz es una reclusión intramural, que evitaría que “sus conexiones personales y sociales alteren el curso de la investigación”.
El juez deberá decidir en las próximas horas si acoge la solicitud del ente investigador o si opta por una medida menos restrictiva mientras avanza el proceso.
Humberto ´Toto’ Torres
