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¿Qué explica que las obras de mitigación sobre los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco nunca se hayan iniciado, pese a ser prioritarias?
La tragedia ocurrida en Mocoa, Putumayo, en marzo de 2017 dejó más de 300 víctimas mortales y un compromiso del Estado colombiano de reconstruir y mitigar el riesgo sobre el cauce de los ríos que arrasaron con barrios enteros (el Mocoa, el Mulato y el Sangoyaco, además de las quebradas La Taruca y La Taruquita). Desde entonces, se destinaron recursos para obras de protección y reubicación, pero los informes más recientes indican que gran parte de esos proyectos nunca se ejecutaron. Hoy, la capital del Putumayo sigue expuesta a nuevos desastres naturales.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue la entidad encargada de liderar las obras y la interventoría. Sin embargo, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $125.710 millones, derivados de incumplimientos, atrasos y presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de los proyectos. “Más de cinco años después de la emergencia, las obras de mitigación no se han materializado”, señaló el organismo de control.
El panorama refleja una deuda acumulada de varios gobiernos. Las administraciones anteriores y la actual comparten responsabilidad, dado que la UNGRD mantuvo la competencia sobre las obras. La falta de ejecución ha dejado a Mocoa en una condición de vulnerabilidad, pese a que los recursos fueron asignados con carácter prioritario. “La ciudad sigue susceptible a nuevas emergencias, pues las obras nunca se hicieron”, se advierte en los informes.
En medio de este contexto, el nombre de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aparece en el centro de la controversia. López fue suspendido por la Procuraduría General, bajo la dirección de Margarita Cabello, por no entregar respuestas claras sobre los avances y el manejo de los recursos. La medida disciplinaria se produjo antes de que estallara el escándalo nacional por presuntas irregularidades en la entidad.
El presidente Gustavo Petro defendió en su momento a López, a quien consideraba parte del equipo de cambio institucional. “Era una persona que estaba en la mano del cambio”, expresó el mandatario, cuestionando que la Procuraduría no lo dejara gobernar. Sin embargo, meses después, el caso de la UNGRD se convirtió en uno de los mayores escándalos administrativos de su gobierno.
La Contraloría, por su parte, ha documentado incumplimientos en contratos de obras de mitigación, reubicación de viviendas y construcción de infraestructura básica. Los hallazgos fiscales por más de $125.000 millones se suman a la falta de resultados visibles en el terreno. “Se establecieron hallazgos fiscales por $125.710 millones debido a incumplimientos en la reconstrucción de Mocoa”, precisó el organismo.
El panorama actual deja a Mocoa en una situación crítica: sin las obras de protección prometidas, con recursos comprometidos y con una ciudadanía que sigue expuesta a riesgos naturales. La reconstrucción inconclusa se ha convertido en un símbolo de la deuda estatal con las víctimas de la tragedia de 2017, mientras los procesos disciplinarios y fiscales avanzan contra los responsables.
Juan Joya
