Crisis en el acceso a medicamentos: alertas por desabastecimiento y aumento de gastos para los pacientes

Los más recientes informes y testimonios advierten una crisis profunda en el sistema de salud colombiano, especialmente en el acceso a medicamentos esenciales. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2024 la entrega de medicamentos por canales institucionales cayó un 7%, mientras que las ventas en el canal comercial aumentaron un 5%.

El impacto sobre los hogares es crítico: los pacientes que deben comprar sus propios tratamientos ante la falta de entrega por parte del sistema terminan destinando entre el 7% y el 90% de sus ingresos mensuales para poder continuar sus terapias.

La falta de medicamentos se hace evidente en hospitales, dispensarios y droguerías. Personas con enfermedades crónicas, trasplantes, trastornos de salud mental y otros diagnósticos de alto costo enfrentan interrupciones constantes.

Un ejemplo de esta presión económica es el ácido valproico: un tratamiento mensual puede superar los $270.000, un gasto insostenible para miles de familias.

Las denuncias reflejan la magnitud del problema. Las quejas ante la Superintendencia de Salud se triplicaron en un año y medio, pasando de 18.200 en enero de 2024 a 55.387 en julio de 2025. Además, la entrega de medicamentos representa alrededor del 36,8% de las tutelas proyectadas para este año.

El informe de la Defensoría identifica varios factores que alimentan la crisis:

Insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y una deuda acumulada de más de 6,4 billones de pesos de las EPS con los gestores farmacéuticos hasta marzo de 2025.

Desabastecimiento de medicamentos esenciales incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) como metformina, losartán, rosuvastatina o quetiapina, entre los más reportados por no entrega.

Desde el Concejo de Bogotá señalaron  que este panorama cada vez más grave exige respuestas inmediatas y acciones coordinadas en todo el sector salud. Para enfrentar la crisis es necesario:

1. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos incluidos en el PBS.

2. Fortalecer los mecanismos de distribución, reducir intermediarios y asegurar la cadena logística en todo el territorio.

3. Revisar y ajustar la financiación del sistema, de modo que las EPS y gestores farmacéuticos puedan cumplir sus obligaciones.

4. Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas sobre tutelas, quejas y medidas correctivas.

5. Atender de manera prioritaria a los grupos más vulnerables, como pacientes crónicos, trasplantados, personas con enfermedades de salud mental, comunidades rurales y población desplazada.

Desde el Concejo de Bogotá, reiteraron su compromiso con la vigilancia y defensa del derecho a la salud.

Paola Martínez Burgos