El analista constitucional, Juan Manuel Charry, dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene algunos errores, según Charry, se está realizando un juicio general al catalogar como peligrosa a la Policía, “pareciera que este juicio estuviese basado solo en los argumentos de los demandantes”, el analista considera que se deben estudiar todos los puntos en donde se tengan en cuenta los deberes de los manifestantes frente a los actos violentos y también se consideren los derechos de los no manifestantes.
La crítica de la decisión es por esos errores, pero será la Corte Constitucional la que decida si se revisa o no el fallo, “aunque es bueno aclarar que hay posibilidades de justificar el no cumplimiento de una tutela, por ejemplo cuando han sido entutelados algunos médicos por casos de aborto, ellos han podido cambiar la decisión alegando motivos de conciencia y esto los ha exonerado de la sanción, demostrando con ello que si existen posibilidades de no cumplir órdenes de Tutela cuando hay una buna justificación.” indicó el analista.
Esto no quiere decir que dicha tutela sea inconstitucional, Charry sostiene que la crítica es a los errores que se cometieron al no cumplir con los requisitos de procedibilidad de una tutela, sin embargo recalca que, “como toda orden judicial, esta debe ser acatada y cumplida, pero siempre será posible establecer una crítica frente a ella.”
En cuanto al cumplimiento del fallo aseguró que el tiempo para darle cumplimiento es de 48 horas corridas desde el momento siguiente a la notificación del fallo, “si no lo hacen dentro de ese tiempo establecido, los demandantes podrían solicitar una orden de desacato y la persona responsable podría ser sancionada con una multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales o con hasta 6 meses de cárcel.”
Finalmente, Juan Manuel Charry afirmó que desconoce las razones del gobierno para no cumplir el fallo hasta el momento, además ratificó que no califica el fallo como inconstitucional, pero acepta que éste tiene sus errores y que será la Corte Constitucional la que decida si hubo extralimitación por parte de la Corte Suprema de Justicia.