Moscú denuncia escalada militar de EE.UU. en el Caribe y respalda a Venezuela

¿Puede una operación sin control judicial internacional considerarse legítima?

La tensión geopolítica en el Caribe volvió a escalar esta semana tras el anuncio oficial de una nueva operación militar por parte de Estados Unidos. Se trata de “Lanza del Sur” (Southern Spear), una ofensiva que Washington presenta como parte de su estrategia contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, el despliegue ha generado preocupación inmediata en Rusia, que acusa a EE. UU. de alterar la estabilidad regional e intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Venezuela aparece como el epicentro político y diplomático de este nuevo pulso internacional.

El anuncio fue hecho el 13 de noviembre de 2025 por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a través de un mensaje en la red X. Según explicó, la misión estará bajo la coordinación del Comando Sur (SOUTHCOM) y una fuerza de tarea conjunta creada para ese propósito. Hegseth justificó la operación afirmando que busca “defender la patria, eliminar narcoterroristas en el hemisferio y frenar las drogas que están matando a nuestra gente”.

Aunque el comunicado oficial se conoció en noviembre, el despliegue militar ya venía en marcha desde agosto. Estados Unidos reforzó su presencia en el Caribe con el portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores, buques anfibios y aeronaves de reconocimiento. Las acciones operativas incluyen ataques directos contra embarcaciones que Washington califica como “narcolanchas”. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 10 de noviembre, cuando un ataque aéreo contra una lancha rápida dejó cuatro personas muertas, lo que encendió el debate internacional sobre la legalidad y el alcance de estas acciones.

Desde Moscú, la respuesta no se hizo esperar. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó el 14 de noviembre que Rusia “confía en que Estados Unidos no adopte acciones que conduzcan a la desestabilización en el Caribe ni en torno a Venezuela, y que actúe conforme al derecho internacional”. Peskov agregó que, según el Kremlin, el respeto a ese marco legal se ha vuelto “lamentablemente inconsistente” en varios escenarios recientes.

La cancillería rusa también se pronunció. María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, afirmó que su país observa con “extrema preocupación” lo que considera un aumento injustificado de presencia militar estadounidense en una zona que fue declarada “zona de paz” en 2014. Zajárova advirtió que la lucha contra el narcotráfico no debe convertirse en “herramienta de presión” contra Estados soberanos, y recordó que estas prácticas podrían contradecir compromisos internacionales asumidos por EE. UU. bajo la Convención de la ONU de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

Es más si  revisamos los pronunciamientos del Kremlin, el pasado  1 de octubre de 2025, durante el foro “Rusia e Iberoamérica en un mundo turbulento” en San Petersburgo, el viceministro ruso Serguéi Riabkov afirmó que Moscú ofrece a América Latina una cooperación “igualitaria y respetuosa”, basada en el beneficio mutuo, el respeto a la soberanía y el cumplimiento del derecho internacional. En contraste, acusó a Estados Unidos de aplicar una política de “divide y vencerás” en la región, y destacó que, salvo las Islas Bahamas, ningún país latinoamericano se ha sumado a las sanciones contra Rusia ni ha cedido a presiones para enviar armas a Ucrania.

En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido silencio público tras el anuncio. No obstante, Caracas y Moscú consolidaron en octubre un Acuerdo de Asociación Estratégica que abarca cooperación en energía, tecnología, industria y seguridad. Este pacto forma parte de una red diplomática que Rusia ha fortalecido en América Latina, especialmente en momentos de fricción con Estados Unidos.

Uno de los puntos más sensibles de esta crisis es el saldo humano que han dejado las operaciones estadounidenses desde finales de agosto. Según reportes oficiales e independientes, el número de muertes en aguas del Caribe oscila entre 64 y 80 personas. Informes del Pentágono citados por medios internacionales mencionan 79 fallecidos en al menos veinte ataques contra embarcaciones. Otros registros ubican la cifra en 75 víctimas, mientras que fuentes más conservadoras hablan de 64. La diferencia se debe a que algunos conteos incluyen incidentes en el Caribe y el Pacífico, mientras otros se limitan a la zona caribeña.

El aumento de víctimas ha generado inquietud entre gobiernos del Caribe, organizaciones de derechos humanos y entidades multilaterales. En muchos casos, no se ha confirmado la identidad ni la vinculación de los fallecidos con actividades ilícitas. A pesar de ello, las autoridades estadounidenses insisten en que todos los ataques han sido dirigidos contra objetivos vinculados al narcotráfico. Críticos de la operación advierten que estas acciones podrían constituir ataques extraterritoriales sin procesos judiciales previos.

Con este panorama, el Caribe vuelve a convertirse en escenario de disputa entre potencias. Mientras Washington sostiene que “Lanza del Sur” busca neutralizar amenazas transnacionales, Moscú y Caracas interpretan la operación como un intento de ampliar la influencia estadounidense en el hemisferio. El despliegue militar, el número creciente de víctimas y el cruce de declaraciones diplomáticas sitúan a la región en el centro de una controversia internacional que sigue desarrollándose.

Juan Joya