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8 noviembre, 2025En medio de las crecientes críticas por la lentitud en la definición de la reforma pensional, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, salió al paso para deslindar cualquier responsabilidad personal en la presunta dilación del trámite. Frente a las acusaciones, el alto funcionario judicial aseguró que su rol se limita a ser un sustanciador que cumple órdenes.
El magistrado Ibáñez fue enfático en aclarar que, aunque es el ponente de la demanda, la decisión final sobre el proyecto de ley corresponde a la Sala Plena del alto tribunal. En sus declaraciones, buscó dejar clara la dinámica colegiada de la Corte. “Todas las decisiones que se han adoptado en relación con ese tema han correspondido a la Sala Plena de la Corte Constitucional. Razón por la cual yo solamente soy un sustanciador que cumple las decisiones de la Sala Plena, por lo cual no soy el responsable de que se demore o no se demore”, aseveró el magistrado.
Más allá de la distribución de responsabilidades internas, Ibáñez señaló que el principal cuello de botella ha sido la falta de diligencia de las entidades requeridas para enviar información. Según su versión, la demora no obedece a una decisión de la Corte, sino a incumplimientos externos. “Se han pedido unas pruebas y en la medida en que los que tienen la obligación de entregar las pruebas no las han entregado oportunamente es responsabilidad de ellos”, agregó, sin especificar cuáles entidades han fallado.
El presidente del tribunal constitucional reveló que han tenido que insistir en múltiples ocasiones a las entidades para que cumplan con su deber de entregar la documentación solicitada. Esta situación, explicó, ha generado un retraso inevitable en el estudio integral del caso y la posterior deliberación de la Sala Plena.
El pronunciamiento del magistrado se produce en un contexto de alta tensión, apenas un día después de que la Corte le ordenara a Colpensiones entregar en un máximo de 24 horas la copia original de los contratos y funciones del magistrado Héctor Carvajal como asesor de esa entidad. Este requerimiento exprés, que incluía documentación sobre la defensa de la propia reforma pensional, evidenció la urgencia con la que el tribunal está actuando para recabar toda la información necesaria, desmintiendo así, desde su perspectiva, las acusaciones de dilación.
Humberto ‘Toto’ Torres




