1985–2025: El Holocausto del Palacio de Justicia, 40 años del día en que la justicia ardió

¿Qué pasó con los altos mandos que lideraron la retoma y fueron señalados por abusos?

Han transcurrido cuatro décadas desde los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 tomó por la fuerza el Palacio de Justicia en Bogotá. El asalto, conocido como la “Operación Antonio Nariño”, tenía como objetivo realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, a quien los insurgentes acusaban de “traicionar” el proceso de paz. La respuesta militar fue inmediata y contundente, con tanques y helicópteros rodeando el edificio, lo que derivó en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.

Durante más de 28 horas, el Palacio ardió en llamas. La retoma militar, liderada por el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega, culminó con un saldo de más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados, y al menos 11 personas desaparecidas. “Las dificultades en los procesos de identificación dejaron dudas sobre la verdadera identidad de algunos cuerpos”, advierte el Ministerio Público, que también denunció el envío de restos humanos a fosas comunes sin plena certeza de su origen.

El impacto fue profundo. La Corte Suprema de Justicia debatía entonces el tratado de extradición con Estados Unidos, mientras el Consejo de Estado había sancionado al Ejército por violaciones de derechos humanos. En ese contexto, la toma y retoma del Palacio se convirtió en un punto de quiebre para la justicia colombiana. “Lo decimos sin ambages y de acuerdo con las investigaciones: el principal responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el movimiento guerrillero M-19”, afirmó Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.

A pesar de las condenas internacionales, como la emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014, el Estado colombiano ha avanzado poco en términos de reparación. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), se han identificado 40 procesos judiciales de reparación directa contra entidades públicas, con pretensiones que suman $161.050 millones. Sin embargo, el valor efectivamente pagado apenas alcanza los $593,7 millones, lo que representa menos del 1 % del total reclamado.

Las causas judiciales incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y errores graves en la entrega de restos humanos. En algunos casos, las familias recibieron cuerpos equivocados, situación que se conoció décadas después. “Por negligencia del Estado se cometieron graves errores en la identificación de los cuerpos”, señala el informe, que también documenta el lavado de restos humanos y la alteración de la escena del crimen por parte de agentes estatales.

De los 40 procesos identificados, 14 han llegado a sentencia ejecutoriada, con condenas que suman $72.200 millones. Las entidades demandadas han sido condenadas por un valor total de $10.600 millones indexados, aunque solo se tiene constancia de pagos por $593,7 millones. La Andje advierte que el valor económico total podría ser mayor, dado que algunas entidades están vinculadas de manera concurrente en varios procesos.

El drama de los desaparecidos continúa. A los casos iniciales se suman los llamados “nuevos desaparecidos”, producto de errores en la cadena de custodia y en la entrega de restos. En memoria de las víctimas, de quienes fueron torturados, trasladados a unidades militares y desaparecidos forzosamente, persiste una deuda histórica que aún no ha sido saldada por el Estado colombiano.

Juan Joya