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El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, presentó una demanda de nulidad contra las resoluciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que autorizaron el traslado de once cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hacia la Alpujarra, para asistir al evento conocido como el “Tarimazo”.
Según el congresista, estas decisiones carecen de sustento jurídico y violan lo establecido en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al permitir traslados con fines que no están contemplados por la legislación vigente.
“Ese traslado se realizó a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien supuestamente actuó como coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana, figura que no existe en el ordenamiento jurídico ni entre los sujetos facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad”, afirmó Espinal.
El representante explicó que la acción judicial busca restablecer el orden jurídico y reafirmar la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas, además de evitar que se repitan decisiones que puedan comprometer la institucionalidad penitenciaria del país.
El evento en cuestión, denominado “Pacto por la Paz Urbana”, se llevó a cabo el pasado 21 de junio en la Plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro. En el acto participaron varios jefes de organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá, quienes —según la denuncia— habrían sido trasladados sin autorización judicial ni respaldo normativo.
Por su parte, el concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, quien deberá declarar en noviembre dentro del proceso contra la senadora Zuleta, fue enfático al señalar que lo ocurrido “no fue un error administrativo, sino una violación deliberada al orden jurídico”.
“No existe norma alguna que justifique el traslado de condenados a un acto político. Fue una decisión ilegal, peligrosa y profundamente antidemocrática”, manifestó Tobón, quien advirtió que el caso del “Tarimazo” debe marcar un precedente en la defensa de la legalidad y la dignidad institucional.
La demanda ahora queda en manos de la justicia administrativa, que deberá determinar si el INPEC incurrió en extralimitación de funciones al permitir la salida temporal de los privados de la libertad y si la solicitud de la senadora Zuleta violó las normas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad.
Humberto ‘Toto’ Torres
