El reloj corre: el Tren de Cercanías depende de una firma antes del 8 de noviembre

¿Está el Valle del Cauca condenado a esperar hasta 2026 por una firma?

A menos de dos semanas de que entre en vigor la ley de garantías, el proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca enfrenta una cuenta regresiva crítica. La gobernadora Dilian Francisca Toro, junto con alcaldes y representantes gremiales, ha solicitado al presidente Gustavo Petro que firme el convenio de cofinanciación antes del 8 de noviembre, fecha límite para que el Gobierno Nacional pueda comprometer recursos sin restricciones legales.

El Tren de Cercanías es una iniciativa de transporte regional que busca conectar Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira mediante un sistema férreo moderno, con una inversión estimada en más de 4 billones de pesos. El proyecto cuenta con estudios técnicos avanzados y ha sido respaldado por el Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, el convenio de cofinanciación con la Nación aún no ha sido firmado, lo que pone en riesgo su ejecución.

“Que no nos cumpla a nosotros, que le cumpla al Valle”, expresó la gobernadora Toro en una declaración pública dirigida al presidente Petro. La mandataria regional aseguró que el departamento ya cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, y que la demora en la firma compromete el desarrollo de una obra estratégica para la movilidad y la competitividad del suroccidente colombiano.

Los gremios económicos del Valle, entre ellos la Cámara de Comercio de Cali y ProPacífico, han respaldado la solicitud de la gobernadora. En sus pronunciamientos, han advertido que el proyecto no solo mejora la conectividad regional, sino que también representa una oportunidad para dinamizar el empleo, reducir emisiones y fortalecer el sistema de transporte público. La falta de definición por parte del Gobierno Nacional ha generado preocupación entre empresarios y líderes locales.

La ley de garantías, que entra en vigencia previo al inicio del calendario electoral, impide que las entidades públicas suscriban convenios que impliquen la ejecución de recursos durante el periodo preelectoral. Por esta razón, si el acuerdo no se firma antes del 8 de noviembre, el proyecto podría quedar congelado hasta mediados de 2026, afectando los cronogramas de licitación y ejecución.

Desde el Gobierno Nacional no se ha emitido una respuesta oficial sobre la fecha de firma. Aun así, fuentes cercanas al Ministerio de Transporte han indicado que el proceso sigue en revisión jurídica y presupuestal. La falta de pronunciamiento ha sido interpretada por los mandatarios locales como una señal de desinterés, en contraste con el respaldo que el proyecto ha recibido en materia técnica.

El llamado desde el Valle del Cauca se mantiene firme: firmar el convenio antes de que la ley de garantías impida avanzar. La región considera que el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno es clave para evitar que una obra estructural quede postergada por razones administrativas. El proyecto sigue en espera, mientras se agota el tiempo para concretar su financiación.

Juan Joya