ELN someterá a “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios de la Fiscalía y la Policía secuestrados en Arauca

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este lunes que someterá a un “juicio revolucionario” a los dos agentes del CTI y dos uniformados de la Dijín que permanecen secuestrados en el departamento de Arauca, desde hace varias semanas.

A través de un comunicado divulgado por uno de sus voceros, la organización insurgente aseguró que, tras no lograr un acuerdo con el Gobierno y la Fiscalía, decidieron iniciar un proceso interno contra los funcionarios retenidos.

“Y en el ejercicio de nuestra juridicidad de fuerza insurgente, comunicamos que el Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), desde hace varias semanas hemos propuesto un canje de prisioneros”, señaló el vocero. Sin embargo, agregó que, “agotadas las cuestiones para una solución amigable y negociada con el Gobierno y la Fiscalía, hemos resuelto proceder al juicio”.

De acuerdo con el mensaje, los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto con el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Sley Hoyos Murcia, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, serán sometidos a este proceso irregular.

Según el anuncio, los cuatro funcionarios “pasarán a un juicio revolucionario, donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años”, y tendrán “derecho a recibir y enviar correspondencia”.

El ELN justificó su decisión alegando que el Gobierno no habría atendido sus propuestas de canje de prisioneros, pese a que en el marco de los diálogos de paz vigentes se había insistido en el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

Este nuevo pronunciamiento ocurre en medio de la tensión entre la guerrilla y el Ejecutivo, luego de varios incumplimientos al cese al fuego bilateral y de los recientes secuestros atribuidos a sus frentes en Arauca y Norte de Santander.

El anuncio ha generado rechazo entre sectores políticos y de derechos humanos, quienes advierten que el “juicio revolucionario” no tiene validez jurídica y constituye una grave violación al derecho internacional, al tratarse de civiles y agentes del Estado retenidos en contra de su voluntad.

El Gobierno Nacional aún no ha emitido una respuesta oficial frente a este comunicado, pero se espera que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de Verificación de la ONU se pronuncien en las próximas horas sobre la situación de los secuestrados y las implicaciones de este anuncio en el proceso de paz con el ELN.

Humberto ‘Toto’ Torres