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El gobierno de Lula defiende la polémica licitación de 19 áreas a consorcios petroleros, mientras ambientalistas advierten sobre 11.000 millones de toneladas de CO2 y riesgos irreversibles para la biodiversidad.
A un mes de organizar la cumbre climática COP30, el gobierno brasileño ha subastado 19 bloques de petróleo y gas frente a la desembocadura del Amazonas, en una controvertida decisión que contradice sus discursos ambientalistas y ha generado un rechazo unánime en la comunidad científica y ecológica internacional.
La licitación marca el inicio de una nueva carrera por combustibles fósiles en una de las regiones de mayor sensibilidad ecológica del planeta, justo cuando Brasil se prepara para recibir a delegaciones de 200 países en la principal cumbre climática mundial. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defiende la medida argumentando que “los ingresos millonarios del petróleo servirán para financiar la transición energética”, una ecuación que los especialistas consideran profundamente contradictoria.
Críticas de la comunidad científica
La oceanógrafa de Greenpeace Brasil, Mariana Andrade, cuestionó severamente los fundamentos ambientales del proyecto: “No existe la exploración petrolera sostenible. Creo que ese es el primer punto que debemos reconocer”, afirmó la especialista, añadiendo que “en esta región, específicamente en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, hablamos de una complejidad ambiental sumamente delicada”.
Los bloques fueron adquiridos por consorcios liderados por Petrobras, ExxonMobil, Chevron y la china CNPC, en una subasta que según organizaciones ambientales podría liberar más de 11.000 millones de toneladas de CO2 y poner en riesgo irreversible la biodiversidad marina del Atlántico tropical.
Contradicción climática y oportunidad perdida
Andrade señaló la grave incongruencia del gobierno brasileño: “Lula hoy es un líder mundial, un líder del sur global que podría tomar una decisión valiente hacia la transición energética”. La experta lamentó que “en lugar de posicionar a Petrobras como una empresa de energía, no de petróleo”, el gobierno haya optado por expandir la frontera extractivista.
La subasta se produce en un momento crítico para la credibilidad ambiental de Brasil, que busca posicionarse como potencia ecológica global mientras profundiza su dependencia de los combustibles fósiles. El gobierno insiste en que los recursos del petróleo ayudarán a financiar la transición energética, pero especialistas señalan que esta argumentación ignora los costos ambientales irreversibles y consolida un modelo económico que el propio Lula critica en foros internacionales.
Esta decisión deja al descubierto la profunda contradicción entre el discurso climático del gobierno brasileño y sus políticas energéticas concretas, planteando serias dudas sobre la coherencia de su liderazgo ambiental semanas antes de asumir la presidencia de la COP30 en Belém.
Humberto ‘Toto’ Torres
