Un millón de testigos y un millonario contrato: las cuentas opacas del CNE para la consulta del Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó una contratación exprés por 35.000 millones de pesos para un sistema de software que gestione la acreditación de testigos, auditores y observadores en la consulta interpartidista del 26 de octubre. La justificación de la entidad para una inversión de tal magnitud es una proyección sin precedentes: anticipa la posible inscripción de hasta un millón de testigos electorales.

Sin embargo, esta cifra contrasta abruptamente con la historia electoral reciente del país. En las elecciones legislativas de marzo de 2022 se acreditaron aproximadamente 160.000 testigos, una cifra que solo aumentó ligeramente a 166.000 para la primera vuelta presidencial de ese mismo año. Incluso en los más recientes comicios para los Consejos Municipales de Juventudes, el número total de testigos no superó los 44.000.

La proyección del millón de testigos resulta aún más llamativa si se considera el número real de contendientes en la consulta. En la justa electoral solo participarán dos precandidatos presidenciales, Carolina Corcho e Iván Cepeda, y 538 aspirantes al Senado y la Cámara por el Pacto Histórico.

Urgencia manifiesta y contrato directo para una empresa conocida

Frente a este escenario, el CNE activó la figura de la “urgencia manifiesta” para adjudicar de manera directa, sin licitación pública, el contrato multimillonario. La entidad dirigió una solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda el 9 de octubre, la cual fue aprobada tan solo cinco días después, el 14 de octubre, por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

El organismo electoral explicó que, mediante el Comité de Contratación N° 27 del 14 de octubre, se declaró por unanimidad la urgencia y se avaló avanzar con una contratación directa. Según el presidente del CNE, Cristian Quiroz, esta se otorgó a la empresa LinkTIC SAS, una compañía que ya había manejado procesos similares con la entidad el año anterior.

La nueva era de un CNE autónomo y con un presupuesto en espiral

Este controvertido desembolso se enmarca en la nueva realidad presupuestal del CNE. Hasta 2022, funcionaba como un adjunto de la Registraduría Nacional, con un presupuesto anual de 54.000 millones de pesos. Sin embargo, un artículo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, con el aval de magistrados como Fabiola Márquez (del Pacto Histórico) y Altus Baquero (Partido Liberal), lo transformó en una entidad autónoma administrativa y presupuestalmente.

Esta independencia financiera le otorgó acceso directo a los recursos públicos. Así, su presupuesto se disparó: pasó de 54.000 millones en 2022 a 224.000 millones en 2024, destinados a funcionamiento, financiación de partidos, reposición de votos y publicidad. Para el 2025, la cifra se multiplicó exponencialmente, alcanzando el billón de pesos.

El CNE argumenta que estos fondos son esenciales para asumir la organización de los comicios de 2025 y las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, tareas que históricamente han recaído en la Registraduría Nacional. Esta última, a diferencia del CNE, cuenta con una estructura técnica y operativa robusta en todo el territorio y su máximo directivo es seleccionado por concurso de méritos ante las tres altas cortes.

Ahora, la contratación de software y la logística electoral serán una responsabilidad compartida con el CNE, un organismo que actualmente opera únicamente en Bogotá con un equipo limitado y cuya independencia es frecuentemente cuestionada, ya que la mayoría de sus integrantes son políticos designados por los partidos con representación en el Congreso.