Aumento de confianza, las 3 ciudades colombianas con incremento en las denuncias por extorsión

De acuerdo con cifras de la Policía, hay una disminución generalizada en las denuncias sobre extorsión, sin que exista evidencia de que el problema esté desapareciendo.

Este panorama nacional plantea un desafío crítico para las autoridades. Instituciones como el Ejército, la Armada, la Policía, la Fiscalía y el GAULA, a través de líneas como la 147 y la 165, mantienen una invitación permanente a denunciar. El fin es claro: combatir la impunidad, judicializar a los responsables y evitar un mayor daño al tejido económico y social del país.

No obstante, detrás de estos números se oculta el fenómeno más inquietante: el subregistro, que es la brecha entre los casos de extorsión que realmente ocurren y aquellos que son puestos en conocimiento de las autoridades. Esta distancia es el campo de acción perfecto para la criminalidad.

La tendencia predominante en el país es la disminución de las denuncias en una gran mayoría de las ciudades, a pesar de que la extorsión sigue siendo una de las rentas criminales más lucrativas de los grupos al margen de la ley.

Muchas víctimas optan por el camino del silencio y el pago por temor a represalias o por la desconfianza en la capacidad institucional para garantizar su protección efectiva durante el proceso. El miedo sigue siendo uno de los principales aliados de los extorsionistas.

La interpretación correcta de las estadísticas debe ser la siguiente: un aumento en las denuncias es un indicativo de mayor confianza ciudadana en sus instituciones, mientras que la caída de las mismas denota un incremento del miedo.

Mientras que en la mayoría de las capitales las denuncias por extorsión caen, tres ciudades logran destacarse con un comportamiento positivo. Ciudades como Sincelejo, Tunja y Cartagena, reconocidas también por figurar entre las capitales con menor tasa de homicidios, registran un incremento en las denuncias por extorsión.

Este fenómeno, lejos de ser una mala noticia, se interpreta como un reflejo de una ciudadanía que se siente más segura y de una institucionalidad que logra inspirar mayor confiabilidad.

Aun así, la tendencia general sigue exigiendo una reflexión profunda: la caída de las denuncias en más del 90 % de las capitales obliga a fortalecer urgentemente los canales de atención a la víctima, los mecanismos de protección al denunciante y, de manera crucial, la comunicación entre la Fuerza Pública y las comunidades.

Colombia necesita insistir en esta pedagogía, garantizar la efectividad de la respuesta institucional y enviar un mensaje inequívoco: la verdadera victoria contra la extorsión está en devolverle a la gente la certeza de que alzar la voz no solo es seguro, sino el primer paso indispensable para desarticular el crimen.

Sala Digital Colmundo