“Nos matan por hacer nuestro trabajo, y nadie responde”: Óscar Robayo

¿Por qué se sigue tratando a los funcionarios penitenciarios como piezas operativas, cuando en la práctica son civiles expuestos a retaliaciones armadas?

Escuche la entrevista completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=yl8lXj7gK-0

En entrevista exclusiva con Colmundo Radio, la  Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) denunció que los asesinatos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) constituyen una “masacre sistemática” que se ha intensificado desde agosto de 2022. Según Óscar Robayo, presidente del sindicato, los ataques armados serían retaliaciones de bandas criminales por los controles implementados en los centros penitenciarios, especialmente contra estructuras dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y el crimen organizado. “Esto no es una serie de hechos aislados. Es una estrategia de intimidación contra quienes ejercen autoridad en las cárceles”, afirmó.

Robayo explicó que las medidas adoptadas por el actual gobierno y la dirección del Inpec han buscado recuperar el control sobre pabellones de alta peligrosidad, realizar requisas sistemáticas y reubicar a internos, según su perfil delincuencial. “Antes había rumbas, fugas, escándalos. Hoy hay controles. Pero eso ha tenido un costo humano muy alto para la guardia”, señaló. El dirigente también destacó los avances en programas de resocialización, como brigadas sociales, orquestas y actividades culturales, pero advirtió que el sistema penitenciario sigue siendo “inviable” en términos de infraestructura, seguridad y condiciones laborales.

Desde 2022, al menos 35 funcionarios del Inpec han sido asesinados en diferentes regiones del país. La mayoría de los casos permanece en la impunidad. “Solo el homicidio del coronel Elmer Fernández, exdirector de la cárcel Modelo, ha tenido condena. El resto siguen sin esclarecerse”, indicó Robayo. El líder sindical cuestionó la falta de presencia policial en los entornos carcelarios y criticó la respuesta institucional. “La ley obliga a establecer cordones de seguridad alrededor de las cárceles. Pero no hay patrullas, no hay prevención. Si hubiera una moto de policía frente a la Modelo, no habrían matado al compañero”, aseguró.

En cuanto a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, como recompensas económicas, refuerzo de seguridad y creación de grupos especiales de investigación, Robayo reconoció que son pasos importantes, pero insuficientes. “Esto no puede ser solo responsabilidad del Ministerio de Justicia. Tiene que haber una respuesta de todo el Estado. El comisionado de paz debe intervenir. No estamos pidiendo impunidad, pero sí diálogo para frenar esta violencia”, expresó. También criticó la actitud de algunos alcaldes y gobernadores, especialmente en el Valle del Cauca, donde se concentra el mayor número de homicidios contra funcionarios del Inpec.

El sindicato también impulsa un proyecto de ley que busca reducir el tiempo de servicio requerido para acceder a pensión, pasando de 36 a 20 años. “Nosotros trabajamos en condiciones de alto riesgo, con pérdida de expectativa de vida saludable de hasta doce años. El Congreso ha sido receptivo y ya llevamos tres debates aprobados”, explicó Robayo. La iniciativa contempla además el reconocimiento de la prima de riesgo para el personal administrativo que trabaja en tratamiento penitenciario. Según el dirigente, el proyecto cuenta con respaldo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Ministerio de Hacienda.

Finalmente, Robayo confirmó que el sindicato ha iniciado acercamientos con organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), en busca de respaldo frente a la situación de violencia que enfrentan los funcionarios del sistema penitenciario. “Este tiene que ser un trabajo y un duelo nacional. Nos están matando por cumplir nuestra labor. Somos ciudadanos que entramos al Inpec buscando una opción de vida, no para ser estigmatizados ni asesinados”, concluyó.

Juan Joya