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29 septiembre, 2025QUITO, ECUADOR – Una jornada de extrema violencia marcó un día mas del paro nacional en Ecuador, con la confirmación de la muerte de un manifestante indígena, doce militares heridos y otros 17 retenidos por comuneros. La escalada de tensión, en el marco de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) en rechazo al aumento del precio del diésel, ha puesto en jaque la estabilidad del país.
La muerte de Efraín Fuerez, comunero de 46 años de Cuicocha (Imbabura), se ha convertido en el punto más álgido del conflicto. La CONAIE denunció en su cuenta oficial de X que Fuerez fue “asesinado el 28/09/2025 por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas), durante el Paro Nacional 2025 en Cotacachi”. Por su parte, la organización de derechos humanos INREDH confirmó el fallecimiento tras recibir “tres impactos de bala”. Este hecho ha desatado una ola de indignación y ha intensificado las acusaciones de represión contra el gobierno de Daniel Noboa. En un video difundido por la CONAIE, se observa a militares agrediendo a una persona que se encontraba junto a Fuerez, lo que ha avivado la polémica y la exigencia de una investigación inmediata.
La versión oficial sobre los eventos de Imbabura ha generado controversia. Mientras la CONAIE denuncia un “crimen de Estado”, las autoridades han reconocido la muerte, aunque las declaraciones oficiales han sido divergentes y, según algunas versiones, resultarían “contradictorias”. La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación, pero el escepticismo crece entre las organizaciones sociales.
La otra cara de la violencia se reflejó en los ataques y retenciones de miembros de las Fuerzas Armadas. Durante los enfrentamientos en Imbabura, doce militares resultaron heridos y 17 fueron retenidos por los manifestantes, según reportes de diversos medios. La escalada de hostilidades demuestra el nivel de polarización y radicalización de las posturas en el conflicto. La emboscada a los militares resalta la peligrosidad de la situación en el terreno y la fragilidad del control de las autoridades.
El contexto de las protestas, originado por la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, se ha vuelto cada vez más complejo. Con el aumento del precio del combustible, las movilizaciones han ganado fuerza, y los manifestantes han desafiado el toque de queda nocturno y los estados de excepción decretados por el presidente Noboa en varias provincias. Las barricadas de tierra, piedras y troncos han bloqueado vías, mientras activistas denuncian abusos policiales y decenas de detenciones. A esto se suma la controvertida declaración del mandatario, quien aseguró que la banda criminal venezolana Tren de Aragua está detrás de las movilizaciones y advirtió que los manifestantes que incumplan la ley “serán denunciados por terrorismo e irán 30 años presos”.
La tensión política se mantiene en su punto más alto. Los líderes de la CONAIE, que denuncian haber sido objeto de “instigación y terrorismo”, ratifican que el paro nacional continúa, mientras las autoridades se enfrentan al desafío de controlar una situación que se torna cada vez más inestable. El futuro de las protestas y la posibilidad de un diálogo efectivo permanecen inciertos, con la sombra de la violencia empañando cualquier intento de solución.
Humberto ‘Toto’ Torres




