La bomba silenciosa de la informalidad en Bogotá: pipetas de gas sin control en el espacio público

En el marco de un debate de control político en el Concejo de Bogotá, el concejal Rolando González alertó sobre la magnitud y los riesgos de la informalidad laboral en la capital. Según expuso, en la ciudad operan más de 587 mil micronegocios, que generan sustento para 825 mil personas. De ellos, 147 mil surgieron por falta de otras alternativas de ingreso y 76 mil funcionan directamente en la calle.

El cabildante advirtió que la reducción en las ayudas estatales podría estar empujando a miles de bogotanos a la informalidad. Entre 2022 y 2024, el número de personas mayores de 15 años que recibieron transferencias monetarias cayó un 35 %; solo entre 2023 y 2024 la disminución fue del 16,8 % (de 216 mil a 180 mil beneficiarios), de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Muchas de estas personas llegan al espacio público para desarrollar su labor y poder garantizar un ingreso”, señaló González. De acuerdo con el registro HEMI, actualmente hay 90 mil vendedores informales inscritos: 15 mil comercializan alimentos preparados, 9 mil ofrecen bebidas calientes, 7 mil venden bebidas envasadas y 6 mil frutas y verduras.

El concejal advirtió además sobre el creciente uso de pipetas de gas en el espacio público, utilizadas por la mitad de estos vendedores para cocinar o calentar alimentos. A su juicio, esta práctica representa un riesgo latente para la seguridad ciudadana.

“Las pipetas de gas son accesibles y económicas, pero su manipulación inadecuada en entornos no controlados puede derivar en accidentes o emergencias graves. Lo más preocupante es que, en caso de tragedia, no está claro quién responde, debido a la falta de una regulación específica de la CREG”, subrayó.

González reconoció que el IPES ha adelantado más de 252 jornadas de sensibilización sobre el uso responsable del espacio público y la manipulación de estos cilindros, pero insistió en la necesidad de crear una ruta de articulación que permita verificar el cumplimiento de estas medidas después de las capacitaciones.

Finalmente, el concejal fue enfático en que su propósito no es criminalizar la informalidad ni promover desalojos sin alternativas. Por el contrario, hizo un llamado a las autoridades locales y distritales para diseñar una hoja de ruta integral, que incluya regulación estricta del uso de pipetas de gas, protocolos de seguridad y salubridad, y estrategias de transición hacia la formalidad.

“Se trata de garantizar condiciones seguras y dignas, tanto para quienes trabajan en el espacio público como para la ciudadanía en general”, concluyó.

Paola Martínez Burgos