“A los ciudadanos se les está acabando la paciencia y a la Administración, el tiempo”: Concejales piden resultados concretos en la política de seguridad de Bogotá

En medio de un debate de control político sobre la política de seguridad en Bogotá, los concejales del Partido MIRA, Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes, cuestionaron a la Administración Distrital por la falta de resultados tangibles y pidieron un enfoque más coordinado y efectivo para combatir la inseguridad en la capital.

Los cabildantes insistieron en que la rendición de cuentas debe ir más allá de los trámites administrativos y reflejar avances reales en la reducción de delitos y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

El concejal Samir Bedoya Piraquive advirtió que existe una “falla sistémica” en los mecanismos de control y evaluación.

“Si nosotros, como Concejo, hacemos un cuestionario y más del 90% de las preguntas son trasladadas, es muy difícil brindarle soluciones a la gente de Bogotá”, afirmó. Según el concejal, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) se limita a remitir oficios, lo que genera un vacío institucional que impide una valoración integral de la política de seguridad.

Desde el Concejo también se alertó sobre la ausencia de resultados medibles en programas comunitarios como los frentes de seguridad y las zonas seguras. De no existir indicadores de impacto, advirtieron, la Secretaría correría el riesgo de “quedar reducida a un simple facilitador sin incidencia real en los resultados”.

Por su parte, el concejal Fabián Puentes enfatizó la urgencia de mostrar avances.

“A los ciudadanos se les está acabando la paciencia y a la Administración, el tiempo”, señaló, al insistir en que la seguridad debe ser entendida como una tarea integral que no recaiga únicamente en la Secretaría de Seguridad.

Puentes planteó la necesidad de un trabajo articulado, en el que otras entidades distritales y la ciudadanía también asuman responsabilidades. “Usted no puede quedar solo, necesita un apoyo”, le dijo directamente al secretario durante la sesión.

El concejal también expresó su preocupación por el incumplimiento en la meta de pie de fuerza. Pese a que se destinaron 310.534 millones de pesos, el número de nuevos uniformados se redujo a 2.000, muy por debajo de la meta inicial de 4.000 efectivos.

Ambos concejales coincidieron en que la seguridad requiere procedimientos sólidos y un seguimiento riguroso a los resultados. Pidieron la creación de protocolos claros para evaluar los programas comunitarios y advirtieron contra la práctica de justificar falencias con argumentos del Gobierno Nacional.

“Debemos dejar de ampararnos en discursos y mirar los problemas que tenemos en casa, como la violencia intrafamiliar”, concluyó Bedoya.

Paola Martínez Burgos