Denuncian prácticas extorsivas en el Parque Nacional durante proceso de retorno de comunidades Emberá

La Alta Consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, advirtió sobre prácticas extorsivas por parte de algunos voceros de la población Emberá que permanece en el Parque Nacional. Según la funcionaria, estas conductas estarían persiguiendo beneficios individuales como dinero en efectivo o contratos.

En entrevista con Colmundo Radio, la funcionaria fue enfática en que se denunciaran este tipo acciones: “Rechazamos y denunciaremos legalmente estos comportamientos que limitan el acceso a derechos de las víctimas de desplazamiento forzado de la población Emberá”.

Las denuncias se dan en el marco de la segunda fase del proceso de retorno. El lunes salieron cerca de 500 personas del Parque Nacional hacia La Rioja y este miércoles se espera el traslado de otras 570 desde la UPI La Rioja. El proceso continuará con las familias ubicadas en La Florida.

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Mercado explicó que algunos líderes se opusieron a subir a los buses por dos razones: la exigencia de renegociar las garantías de retorno a pesar de que estas están definidas en la ley y deben ser iguales para todos y la solicitud de 25 millones de pesos para permitir la salida. “Esta petición es ilegal y ya interpusimos las denuncias penales correspondientes”, afirmó.

La consejera también denunció que uno de los voceros ha impedido que niños y niñas accedan a los servicios distritales de educación y protección.

“El día de ayer radicamos una denuncia por constreñimiento, obstrucción a la función pública y extorsión. Este vocero rechazó las medidas de alojamiento individuales que ofrecimos, a pesar de ser entornos seguros para la niñez”, sostuvo.

Por otra parte, Mercado recordó que el proceso es liderado por la Unidad para las Víctimas, en articulación con Bogotá, alcaldías receptoras como Bagadó y Pueblo Rico, la Gobernación del Chocó y entidades nacionales como los ministerios de Salud y Vivienda, Invías e ICBF.

“El objetivo es que la suma de competencias y funciones asegure la dignidad de este proceso de retorno”, señaló.

Frente al riesgo de estigmatizar a la comunidad, la consejera aclaró que se trata de liderazgos individuales: “En ningún caso generalizamos. Son prácticas nocivas que afectan a la comunidad, pero no representan a toda la población. Intereses personales no pueden obstaculizar los derechos de quienes son víctimas del conflicto armado”, subrayó.

Respecto a los casos de abuso denunciados anteriormente dentro de la comunidad, Mercado explicó que el ICBF evalúa cada situación de manera individual para definir si los menores pueden ser reintegrados o si los procesos deben trasladarse a oficinas territoriales de Bienestar Familiar.

Finalmente, la funcionaria destacó que las causas de los desplazamientos masivos de los Emberá trascienden la capacidad del Distrito.

“Es un desafío que debe unir a la Nación, el Distrito y los territorios. Solo un trabajo articulado permitirá que las transformaciones necesarias en los resguardos ocurran de manera efectiva”, concluyó.

Paola Martínez Burgos