Colectivo Justicia Racial pide libertad para Andrea Burgos: una mujer trans afrodescendiente condenada sin pruebas

Este miércoles 3 de septiembre en Colmundo Radio conversamos con Camila Mosquera y Sergio Andrés Ávila, abogados del Colectivo Justicia Racial, quienes denunciaron graves irregularidades en el proceso judicial contra Andrea Burgos, una mujer trans afrodescendiente de Buenaventura que fue condenada a nueve años de cárcel por porte ilegal de armas. Según sus abogados, nunca existieron pruebas que la vincularan con el arma y el caso es un ejemplo de lo que llaman “falsos positivos judiciales”.

Andrea fue detenida en 2018 cuando asistía a un velorio. Ese día, policías la señalaron de portar un arma que no tenía. En el procedimiento fue golpeada, insultada y víctima de comentarios transfóbicos. A pesar de ello, un juez la condenó, y su abogado de oficio no presentó apelación, lo que dejó la sentencia en firme. Los defensores aseguran que el proceso estuvo lleno de fallas: no hubo cadena de custodia del arma, no se notificó de forma adecuada a Andrea y se le negó el derecho a una defensa técnica. Además, señalan que el juicio se adelantó con una rapidez inusual, pero sin garantizarle las mínimas garantías judiciales.

Mientras en Colombia los juicios suelen dilatarse por años, en el caso de Andrea el juicio oral se llevó a cabo en menos de dos meses, cinco años después de la captura. Sin embargo, la rapidez no significó justicia, ya que al no haberse presentado la apelación, la sentencia quedó en firme. Ante la falta de recursos, el colectivo recurrió a la acción de tutela, aunque tanto el Tribunal de Buga como la Corte Suprema negaron la revisión del caso bajo el argumento de que Burgos sí había tenido conocimiento del proceso, algo que sus defensores refutan.

A la discriminación también se suma el hecho de que en todo el proceso judicial no se reconoció su identidad de género. En las audiencias, las autoridades la llamaban únicamente por su nombre legal, desconociendo su condición de mujer trans. Para el colectivo, esto refleja un trato discriminatorio tanto por su identidad como por su origen afrodescendiente. Hoy Andrea está en la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde ha intentado acceder a beneficios como prisión domiciliaria sin lograrlo. Sus abogados buscan que la Corte Constitucional revise el caso, revoque la condena y reconozca la injusticia que sufrió.

El Colectivo Justicia Racial afirma que si la Corte tumba la sentencia, Andrea podría quedar en libertad y hasta demandar al Estado por haberla privado injustamente de la libertad. “El sistema de justicia en Colombia tiene un sesgo, las personas afrodescendientes suelen recibir condenas más altas por los mismos delitos”, aseguraron. La organización también hace un llamado a la ciudadanía a no guardar silencio frente a abusos. “Un video puede salvar una vida”, dijo la abogada Mosquera, quien invitó a denunciar y recopilar pruebas en casos de abuso policial o judicial. El colectivo ofrece acompañamiento a víctimas que, como Andrea, enfrentan procesos injustos y no cuentan con recursos para defenderse.

De acuerdo con los juristas, este colectivo fue fundado en 2018 bajo la dirección de Alí Antúa Shanti —actualmente precandidato presidencial del Pacto Histórico— y nació como respuesta a las sistemáticas violaciones de derechos humanos, especialmente relacionadas con casos de violencia policial y discriminación racial. Hoy reúne a más de 200 abogados en todo el país y cuenta con una sede en Bogotá. Entre sus principales líneas de trabajo están la defensa de víctimas de violencia policial, perfilamiento racial y falsos positivos. En palabras de la abogada Camila Mosquera, el objetivo es brindar una defensa técnica y estratégica a personas que carecen de recursos y apoyo legal, como en el caso de Andrea.

Dayineth Isabel Molina Velásquez