Secretaría de Transparencia advierte posibles irregularidades en contrato de concesión de los Accesos Norte a Bogotá

En rueda de prensa realizada este miércoles en Casa de Nariño, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, presentó los avances de un análisis preliminar sobre el contrato de concesión bajo el esquema APP de iniciativa privada sin recursos públicos, para la Unidad Funcional 3 del corredor ‘Accesos Norte a la Ciudad de Bogotá’.

En su informe, advirtió sobre posibles afectaciones al patrimonio público y conductas que podrían tener relevancia penal.

“Este análisis busca revelar con rigor y objetividad las posibles irregularidades que rodean el proyecto Accesos Norte. El país puede tener la certeza de que avanzaremos en la búsqueda de una solución que cumpla con la ley, en aspectos ambientales, económicos y sociales, en beneficio de la ciudadanía, especialmente de los habitantes de Chía y sus alrededores, mientras la justicia establece si existen responsabilidades disciplinarias y penales”, afirmó Idárraga.

El estudio reveló presuntas irregularidades administrativas y contractuales en torno a la Unidad Funcional 3 (Variante de Chía – Carretera de Los Andes), que podrían configurar un detrimento patrimonial para Chía. Entre los hallazgos, el funcionario destacó:

• La aprobación presuntamente anómala del Acuerdo 100 de 2016 (RE-POT de Chía), de lo cual se derivó un posible fenómeno de volteo de tierras.
• Una posible nulidad absoluta del Convenio Interadministrativo 019 de 2017 entre el municipio de Chía y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues se habría hecho la entrega gratuita de terrenos públicos destinados a vías locales para la construcción y aprovechamiento económico de una vía nacional, dentro de una Alianza Público-Privada sin aportes de recursos públicos.

Sobre el volteo de tierras, en su cuenta de X, el Secretario de Transparencia explicó que se trata de un caso de corrupción “consistente en modificaciones sin fundamento técnico de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para la urbanización de suelos agrícolas o ambientales”, con consecuencias inmediatas como el aumento vertiginoso de los precios del suelo.

“Aprovechando el desarrollo urbano, y en su afán de obtener ingentes ingresos, sujetos astutos compran terrenos rurales o ambientales a precios bajos, para después modificar las normas de usos del suelo, convirtiéndolos instantáneamente en tierras urbanas, provocando una repentina subida de sus precios”, publicó Idárraga en X.

Agregó que “según la teoría de la renta y los usos del suelo, los suelos agrícolas —o incluso ambientales— poseen un bajo valor por una perspectiva baja en la obtención de ganancias. El crecimiento urbano en un municipio o una ciudad aumenta la demanda por terrenos, lo que genera un incremento en su precio”.

Asimismo, manifestó que, en virtud de las normas y políticas, entre ellas la Ley de Desarrollo Territorial de 1997 (Ley 388), se prohíbe la intervención de ciertos suelos para preservar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Con información de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.