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El concejal Julián Espinosa alertó sobre los impactos que tendría el proyecto de reforma tributaria presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán en el Concejo de Bogotá. Según el cabildante, la iniciativa representa un “duro golpe” para comerciantes, empresarios y consumidores, en un contexto en el que el Gobierno Nacional, bajo el presidente Gustavo Petro, también radicó una reforma tributaria en el Congreso.
De acuerdo con Espinosa, el proyecto distrital busca recaudar 1,26 billones de pesos anuales, principalmente a través de cambios en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). La administración propone reducir las tarifas de 13 a 4 bajo el argumento de simplificar el sistema, pero en la práctica advierte esto significaría un aumento en la carga tributaria.
Actualmente, Bogotá recauda 5,79 billones de pesos por ICA, y la meta con la reforma es llegar a 6,5 billones, es decir, cerca de 800 mil millones adicionales. Entre las actividades más afectadas estarían:
· Venta de motos y vehículos: de 6,9 a 11 por mil.
· Servicios como peluquerías: de 9,6 a 11 por mil.
· Bares, restaurantes y comercio de bebidas alcohólicas y tabaco: 21 por mil.
· Entidades financieras: 21 por mil.
· Derivados del petróleo: 21 por mil, sin claridad sobre si incluye aceites, aditivos y otros insumos de alto consumo.
Además del ICA, la propuesta incluye incrementos en el impuesto predial, que aportarían 113 mil millones de pesos adicionales, y la creación de un nuevo impuesto de alumbrado público con el que se recaudarían 370 mil millones anuales. Este último recaería sobre viviendas de estratos 4, 5 y 6, así como sobre comercios e industrias, según indicó el concejal.
“Este impuesto ya lo habíamos rechazado en el Plan de Desarrollo y ahora la administración lo trae de nuevo disfrazado”, señaló Espinosa.
El concejal también cuestionó los alivios tributarios planteados, pues a su juicio están “mal diseñados”. El Distrito dejaría de percibir 140 mil millones de pesos para favorecer inversiones en zonas aeroportuarias como Engativá y Fontibón, mientras la mayoría de comerciantes asumirían más cargas fiscales.
“El problema es claro: este proyecto beneficia a grandes constructoras y empresas que ya concentran el desarrollo económico, mientras se abandonan más de 20 zonas que requieren inversión y empleo, como el Eje Tintal, el 20 de Julio, el Borde Usme, Puente Aranda o Las Ferias”, enfatizó.
Finalmente, Espinosa sostuvo que la iniciativa “no es una política de incentivos para generar empleo, sino una reforma que castiga al sector productivo y favorece a unos pocos”.
En los próximos días, la administración distrital presentará ante la Comisión de Hacienda el Proyecto de Acuerdo 767 de 2025, titulado: “Por el cual se establecen incentivos tributarios para la competitividad, la inversión y la generación de empleo, se optimiza el recaudo de los tributos distritales, se autoriza la compilación de la normativa tributaria distrital y se dictan otras disposiciones”.
A la sesión han sido citados la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena; el secretario general, Miguel Andrés Silva; y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, entre otros funcionarios.
Paola Martínez Burgos
