Organizaciones exigen que tierras de Chiquita Brands se destinen a reparación de víctimas

Más de 4.000 hectáreas vinculadas a esa compañía podrían ser usadas para reparar a víctimas del paramilitarismo

Organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y plataformas de acompañamiento a víctimas del conflicto armado solicitaron formalmente que los bienes vinculados a la empresa Agrícola El Retiro S.A., filial de la multinacional Chiquita Brands, sean incorporados al proceso de reparación integral de las comunidades afectadas por el paramilitarismo en la región de Urabá antioqueño. La petición se centra en 73 predios rurales que suman más de 4.000 hectáreas, distribuidos en los municipios de Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo.

Los terrenos en cuestión fueron administrados por Agrícola El Retiro S.A., empresa que operó como socia fundadora de Banadex y que, en 2004, vendió sus activos a Banacol. Posteriormente, en 2020, estos activos pasaron a manos de Greenland Investments S.A.S. Uno de los predios ya fue declarado de utilidad pública por la Gobernación de Antioquia, en el marco del desarrollo del proyecto Puerto Antioquia, lo que evidencia el valor estratégico de estas tierras para el desarrollo regional.

Entre 1997 y 2004, Agrícola El Retiro S.A. canalizó recursos hacia la organización Convivir Papagayo mediante descuentos aplicados a las nóminas de trabajadores y contratistas. Estos fondos, que superaron los 4.600 millones de pesos, fueron utilizados para financiar estructuras paramilitares que operaron en la región, según consta en investigaciones judiciales. Esta relación empresarial con grupos armados ilegales ha sido objeto de procesos penales tanto en Colombia como en el exterior.

En julio de este año, siete exdirectivos de Chiquita Brands fueron condenados en Colombia a penas de 11 años y tres meses de prisión, además del pago de 13.800 millones de pesos por su participación en el financiamiento de grupos paramilitares. Entre los condenados figura Reinaldo Escobar de la Hoz, señalado como uno de los responsables de los acuerdos de pago con los hermanos Castaño. A pesar de la sentencia, las víctimas aún no han recibido compensación económica derivada de estos fallos.

En los Estados Unidos, la multinacional fue sancionada en dos procesos judiciales relacionados con los mismos hechos. En uno de ellos, se ordenó el pago de 38 millones de dólares a ocho familias colombianas afectadas por la violencia paramilitar. No obstante, las organizaciones sociales advierten que estos recursos no han sido canalizados hacia las víctimas en Colombia, y que los mecanismos de reparación siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del daño causado.

Entre las organizaciones que impulsan esta solicitud figuran la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Insisten en que los predios deben ser incorporados al Fondo de Víctimas. “Los bienes deben convertirse en instrumentos de reparación colectiva y reconstrucción territorial para las comunidades que sufrieron desplazamiento, violencia y despojo en Urabá”, señalaron en su pronunciamiento conjunto.

Una solicitud que se enmarca en los principios de justicia restaurativa y en el reconocimiento de la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado. Las organizaciones advierten que, de no tomarse medidas urgentes, en 2025 podrían prescribir los delitos atribuidos a Chiquita Brands, lo que limitaría las posibilidades de reparación efectiva. Por esto, se está instando al Estado colombiano a evaluar la viabilidad jurídica y administrativa de incorporar estos bienes al Fondo de Víctimas, como parte de una política pública de reparación integral.

Juan Joya