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La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de Alfredo Rafael Saade Vergel, quien se desempeñaba como jefe de despacho presidencial. La medida fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción en el marco de una investigación disciplinaria abierta el pasado 9 de julio de 2025, relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la expedición de pasaportes.
Según el documento oficial, la decisión se fundamenta en la necesidad de evitar que el funcionario continúe ejerciendo funciones que puedan interferir en el desarrollo de la investigación. “Existen serios elementos de juicio para considerar, en virtud de las actuaciones que hasta ahora ha desplegado Saade Vergel, que podría utilizar las potestades que su empleo le concede para intervenir en la gestión e implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes y, en términos generales, ante distintas entidades del Estado”, señala el expediente disciplinario.
La investigación se centra en las presuntas presiones ejercidas por Saade para acelerar la firma de un convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, con el fin de asumir la fabricación y suministro de pasaportes. De acuerdo con testimonios recabados por el ente de control, el funcionario habría impartido instrucciones a personal de la Cancillería para “racionalizar la asignación de citas” y “hacer rendir el stock de libretas”, mientras se concretaba el nuevo contrato.
El expediente incluye declaraciones de al menos cinco funcionarios, entre ellos el viceministro de Relaciones Exteriores, quienes habrían señalado que Saade solicitó modificar procedimientos internos para favorecer la entrada de la Imprenta Nacional en el proceso. Estas actuaciones, según la Procuraduría, podrían configurar faltas disciplinarias graves, entre ellas extralimitación de funciones, intervención indebida en procesos administrativos y afectación del servicio público.
Además, el documento revela que durante reuniones sostenidas en junio de 2025, Saade habría insinuado que algunos funcionarios tenían intereses particulares en favor de la empresa que históricamente ha manejado la impresión de pasaportes. “Señalaba que había intereses hacia Thomas Greg”, se lee en el informe, lo que motivó al organismo de control a considerar que su permanencia en el cargo representaba un riesgo para la transparencia del proceso.
La Procuraduría también advirtió que la medida cautelar no interfiere con el eventual nombramiento de Saade como embajador en Brasil, pero sí condiciona su ejercicio en cargos públicos mientras se resuelve de fondo el proceso disciplinario. En ese sentido, se solicitó al presidente de la República, Gustavo Petro, que haga efectiva la suspensión, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Disciplinaria.
Ante los señalamientos, Alfredo Saade reaccionó públicamente a la sanción, señalando que “no salgo por corrupto; por el contrario, salgo por beneficiar a la Nación, quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias, tal cual como me lo ordenó el presidente Gustavo Petro”. También anunció que acudirá a instancias judiciales para impugnar la medida, alegando violación al debido proceso y motivaciones políticas detrás de la decisión.
La investigación continúa en curso y también involucra a los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como a otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio Público insiste en que el objetivo es aclarar los hechos y determinar si hubo conductas que ameriten sanciones disciplinarias, sin prejuzgar sobre la responsabilidad individual de aquellos que están implicados.
Juan Joya




