Senado cuestiona efectividad del modelo energético propuesto por el Gobierno
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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó duras críticas al actual modelo tarifario del servicio eléctrico en Colombia y anunció que el Gobierno revisará la Resolución 058 de 2008 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el objetivo de reducir entre un 15 % y un 20 % las tarifas de energía para los hogares de estratos 1, 2 y 3.
Durante un encuentro con directivos y trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Palma afirmó que “el sistema está desbalanceado y no puede seguir permitiendo que entidades públicas terminen subsidiando a empresas privadas”.
La declaración se da en medio de evidencias de una estructura tarifaria desigual, que penaliza a los sectores más vulnerables de Cali. Según Roger Mina, gerente de Emcali, durante 2024 se recaudaron $497 mil millones por concepto de distribución, pero más de $278 mil millones se giraron a operadores de red privados, dejando a Emcali con apenas el 44 % del total. Esto significa que “los hogares pobres de Cali están financiando a usuarios industriales y comerciales de otros municipios”, una práctica que el Gobierno ha calificado como insostenible.
“Hoy las hidroeléctricas están botando agua y aún así se está cobrando hasta 10 veces más de lo que debería valer la energía en ciertas horas del día”, denunció Palma, insistiendo en que el modelo tarifario está roto y requiere una reforma estructural inmediata.
El ministerio ha identificado que, bajo el esquema actual del Área de Distribución del Occidente, los usuarios residenciales de EMCALI terminan subsidiando de manera involuntaria a empresas y municipios externos, a través de un cargo de distribución unificado que ignora las desigualdades socioeconómicas y técnicas entre operadores.
Reforma al cargo por confiabilidad: 6 propuestas concretas
En respuesta al descontento social por los altos costos, el Ministerio de Minas y Energía prepara un proyecto de ley que será radicado el 11 de agosto, el cual buscará transformar el polémico cargo por confiabilidad, que desde su implementación en 2006 ha recaudado más de $92 billones sin garantizar seguridad energética real.
Palma detalló seis medidas clave para la reforma:
- Priorizar la entrada de energías limpias, como la solar y la eólica.
- Diferenciar el pago según la tecnología y la antigüedad de las plantas generadoras.
- Concentrar el cargo en activos que realmente respalden el sistema en momentos críticos.
- Limitar el tiempo de cobro de este cargo.
- Aplicar los cambios de manera progresiva para evitar impactos negativos.
- Separar la variable de confiabilidad de la fórmula tarifaria para aumentar la transparencia.
Energía limpia como eje de transformación social
En paralelo, el ministro firmó un convenio con Emcali para impulsar proyectos de energía solar en comedores comunitarios y escuelas de arte y cultura en el Valle del Cauca y el Cauca, como parte de la política de Transición Energética Justa.
Palma afirmó que esta apuesta por energías limpias busca democratizar el acceso a la electricidad, asegurando que “el bienestar de los usuarios debe estar en el centro del modelo energético nacional”.
Un sistema que no le sirve al pueblo
El ministro respaldó las recientes críticas del presidente Gustavo Petro, al reconocer que “el sistema actual no está funcionando para el pueblo colombiano”. Las declaraciones de Palma revelan una creciente tensión entre el Gobierno y los agentes del sector eléctrico, acusados de beneficiarse de un modelo que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.
Con la reforma del cargo por confiabilidad y la revisión de la normativa de distribución, el Gobierno busca corregir distorsiones históricas que han castigado el bolsillo de millones de usuarios, mientras premian a grandes operadores privados.
Humberto ‘Toto’ Torres
