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El gobierno de Ecuador ya habría confirmado que se siguieron “los procedimientos legales” para el proceso de deportación de los colombianos.
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió este lunes 28 de julio, en Quito, con representantes de la Embajada y Consulado de Colombia, en el marco del proceso de deportación de mil presos que estaban en cárceles ecuatorianas, que inició el viernes 25 de julio, y que Bogotá catalogó como “unilateral” e “inamistoso”.
“Ecuador y Colombia mantienen un diálogo permanente”, publicó el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en su cuenta de la red social X, junto a una fotografía de la reunión.
El presidente de Ecuador dijo que siguió “procedimientos legales” al deportar presos colombianos
“Ecuador reitera que este procedimiento se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente y sus obligaciones internacionales en materia migratoria, garantizando el debido proceso y respeto a los derechos humanos”, añadió la cartera de Estado.
En ese mismo sentido, se pronunció el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien aseguró que se siguieron “los procedimientos legales” para el proceso de deportación de los reos.
“Nosotros no podemos mantener a 1.000 presos colombianos en cárceles ecuatorianas, y encima siendo grupo prioritario”, dijo el presidente.
De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los reos deportados a Colombia tienen prohibido el ingreso a Ecuador por los próximos 40 años.
Posición de Colombia
El viernes 25 de julio, la Cancillería colombiana expresó “su más enérgica protesta” contra Ecuador por comenzar “de manera unilateral” el proceso de deportación de los reos.
Según Colombia, las autoridades ecuatorianas decidieron dar inicio a las repatriaciones “sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.
Pero el sábado 26 de julio la Cancillería de Ecuador negó que estuviera realizando una “deportación colectiva” hacia Colombia, pues aseguró que se estaba garantizando “el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada en la materia”.
Asimismo, defendió que “comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático”.
“Ecuador nos responde con desdén”, escribió el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de la red social X, quien, aunque no hizo referencia directa a las deportaciones, aseguró que “si la Gran Colombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad”.
A diferencia de otras repatriaciones de presos, que debían seguir cumpliendo su condena en Colombia, los presos expulsados por Ecuador quedan exonerados y recuperan la libertad al entrar en territorio colombiano si no cuentan con procesos pendientes en la Justicia de ese país, según informó el viernes la Policía colombiana en la frontera.
Las prisiones son uno de los epicentros de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador y que lo ha llevado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, algo que Noboa ha buscado contrarrestar al declarar al país bajo ‘conflicto armado interno’ para enfrentar a las bandas criminales, a las que ha catalogado de “terroristas”.
En ese contexto, el mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros, que en ese momento eran unos 3.200, equivalentes al 10% de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana.
Humberto ‘Toto’ Torres
