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La Cancillería evalúa acciones diplomáticas ante lo que considera una violación del Derecho Internacional y un riesgo para la seguridad fronteriza.
La madrugada del viernes 25 de julio de 2025, Ecuador inició una operación sin precedentes: la deportación de al menos 870 ciudadanos colombianos privados de la libertad en cárceles ecuatorianas. La medida, ordenada por el presidente Daniel Noboa como parte de su estrategia de seguridad nacional, fue ejecutada sin coordinación previa con el Gobierno colombiano, lo que ha desatado una tensión diplomática entre ambos países.
La Cancillería de Colombia calificó la acción como un “gesto inamistoso” y denunció que se ignoraron reiteradas solicitudes para establecer un protocolo conjunto que garantizara condiciones dignas, seguras y respetuosas de los derechos humanos. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “más enérgica protesta” y anunció que se están evaluando acciones diplomáticas para evitar futuras arbitrariedades.
Los deportados fueron trasladados desde las provincias de Chimborazo, Carchi y Napo por operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana. El primer grupo de 13 personas cruzó el puente internacional de Rumichaca el viernes por la noche, pero el ingreso se retrasó por problemas técnicos y falta de documentación. Algunos reclusos llegaron sin cédula, con hambre y frío, lo que obligó a funcionarios del municipio de Ipiales a brindarles asistencia humanitaria.
Según cifras oficiales, se espera que 167 reclusos ingresen cada noche en tandas escalonadas, hasta completar el traslado de los más de 800 presos previstos. La mayoría de ellos fueron condenados por delitos graves como narcotráfico, homicidio, terrorismo, abuso sexual y secuestro, y no han cumplido ni el 50 % de sus penas. A diferencia de repatriaciones anteriores, no deberán continuar sus condenas en Colombia: si no tienen procesos judiciales pendientes, recuperarán su libertad al cruzar la frontera.
De otra parte, el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, y el secretario de Gobierno local, Juan Carlos Morales, denunciaron la ausencia de Migración Colombia, la falta de verificación jurídica y el riesgo de reincidencia delictiva en la región. Morales advirtió que “no hubo entrega oficial ni coordinación institucional”, situación que a la final genera vacíos legales y preocupación ciudadana en Nariño.
La cartera diplomática también cuestionó el papel de la cónsul en Quito, Paula Andrea Perdomo, por no compartir los expedientes de los deportados con otros consulados. Su gestión ha sido criticada por presunta inexperiencia y cercanía política con la embajadora María Antonia Velasco, lo que ha terminado por agravar la falta de coordinación interna.El origen de esta medida se remonta a febrero de 2024, cuando Noboa declaró el país en conflicto armado interno y propuso deportar a 1.500 presos extranjeros, en su mayoría colombianos y venezolanos, como parte de una estrategia para descongestionar las cárceles y enfrentar la violencia criminal.
Colombia y Ecuador habían acordado en el pasado protocolos de repatriación humanitaria, pero esta vez, se violaron principios básicos del Derecho Internacional, como la prohibición de deportaciones masivas sin debido proceso. El Gobierno colombiano insiste en que se debe revisar caso por caso, contar con el consentimiento del preso, y garantizar verificación jurídica antes del traslado.
Mientras se espera un pronunciamiento oficial de los mandatarios, la Cancillería colombiana continúa articulando esfuerzos para atender la situación en frontera. La crisis plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones bilaterales y la capacidad institucional para responder a una operación de esta magnitud.
Juan Joya
