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24 julio, 2025Este jueves 24 de julio, la bancada del Pacto Histórico se pronunció luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidiera postergar el fallo definitivo sobre la subsanación de vicios de trámite en la reforma pensional.
Por medio de un comunicado expresaron su “profunda preocupación” frente a lo que consideran actos reiterados de “activismo judicial de oposición” por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, encargado del proceso de revisión de la Ley de Reforma Pensional en la alta corte. A juicio del grupo político, el magistrado estaría actuando de forma dilatoria, a pesar de que el Congreso cumplió con los trámites legislativos y subsanó los vicios de procedimiento señalados previamente por el Tribunal.
De acuerdo con la bancada, el magistrado Ibáñez estaría generando un “evidente entorpecimiento” al análisis de fondo de la norma, lo que pone en riesgo la implementación de una reforma que, según ellos, beneficiaría a más de tres millones de adultos mayores sin acceso actual a protección pensional. El bloque resalta que esta reforma fue aprobada legítimamente por las instancias legislativas y que responde a un clamor social pendiente: garantizar condiciones dignas a la vejez en un país marcado por la informalidad laboral.
El texto subraya que la esencia del proyecto es la creación de un sistema mixto y solidario que permitiría ampliar sustancialmente la cobertura pensional. En cifras, aseguran que con la puesta en marcha de la reforma, la cobertura pasaría del 24 % actual al 53,73 % en el primer año, con una meta de alcanzar el 87 % en 2052. “Saldar la deuda histórica con los adultos mayores” es, según el comunicado, el eje de esta apuesta legislativa que el Congreso ya discutió y aprobó en derecho.
Asimismo, criticaron la posición del jurista Ibáñez, advirtiendo que su deber es proteger la Constitución, pero sin interferir en las decisiones soberanas del Congreso. Desde el Pacto Histórico consideran que el togado está actuando como un “actor político de oposición”, lo cual, según ellos, representa una extralimitación de funciones que amenaza con vulnerar el principio de separación de poderes y debilita la confianza en las instituciones democráticas.
“Llamamos respetuosa y enérgicamente al presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar a actuar con celeridad y responsabilidad histórica”, manifestaron, y advirtieron sobre el peligro de que las decisiones de fondo en materia social sigan postergándose por “temores políticos o presiones de intereses económicos”. A su juicio, la justicia constitucional no puede convertirse en un obstáculo para reformas democráticas que cuentan con respaldo legislativo y social.
Finalmente, el Pacto Histórico recalca su compromiso con un país más justo y equitativo, y subraya que “el pueblo colombiano exige resultados”. En particular, hacen énfasis en la urgencia de que los adultos mayores puedan acceder a una vejez digna. No obstante, el comunicado aclara que no fue firmado por los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe Muñoz y Alejandro Ocampo, sin explicar los motivos de su no adhesión a esta postura.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




