Petro critica a la Corte Constitucional por retraso de la reforma pensional y anuncia que aplicará medidas desde ya

El presidente Gustavo Petro cuestionó duramente la decisión de la Corte Constitucional de aplazar el estudio de la reforma pensional, una de las iniciativas clave de su agenda legislativa. El mandatario aseguró que esta demora responde a intereses políticos y no jurídicos, y arremetió contra el presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de quien dijo “no quiere que la reforma entre en vigencia”.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el jefe de Estado afirmó que la ley ya fue aprobada por el Congreso en dos oportunidades, por lo que bloquear su aplicación representa, según él, “un simple golpe de Estado”. Petro consideró además como una falta de respeto que se ponga en duda la palabra del presidente de la Cámara de Representantes y la suya como jefe de Estado.

“Como toda ley tiene elementos aplicables de inmediato, he decidido proceder con su implementación”, indicó el mandatario.

En ese sentido, anunció que desde este año el bono pensional se aplicará a todos los adultos mayores de 75 años (hombres) y 70 años (mujeres) que no tengan pensión, ampliando así la cobertura del beneficio, que hasta ahora estaba dirigido solo a personas mayores de 85 años.

Además, se iniciará el proceso de inscripción para todas las mujeres mayores de 62 años y hombres mayores de 65 años que no cuenten con pensión ni estén registrados en el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Petro también adelantó que ya está asegurado en el presupuesto de 2026 un rubro para financiar estos bonos pensionales, lo cual refuerza su decisión de avanzar sin esperar un fallo definitivo del alto tribunal.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también criticó el aplazamiento y apuntó directamente contra el presidente de la Corte:

“¿Cómo puede el magistrado Ibáñez poner en duda lo que dice el presidente de la Cámara y modificar el proceso de revisión de una ley que están esperando 3 millones de personas mayores? ¿No querrá, en realidad, frenar la entrada en vigencia de esta reforma?”, escribió el funcionario.

Benedetti se preguntó si este tipo de decisiones representan una extralimitación de funciones y dejó entrever que la política estaría pesando más que la legalidad en la postura del magistrado.

El Gobierno insiste en que la reforma pensional busca garantizar ingresos mínimos para adultos mayores sin pensión, y ha advertido que no esperará indefinidamente decisiones judiciales que, según el Ejecutivo, entorpecen el avance de políticas sociales urgentes para el país.

Humberto ‘Toto’ Torres